Oaxaca .- Autoridades de México detuvieron este jueves a diez presuntos integrantes de una red criminal que se dedicaba a la extorsión y la invasión de predios en Oaxaca, donde fueron inspeccionados simultáneamente 21 inmuebles.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó en un comunicado de las detenciones, pero no precisó el alcance de las operaciones de la organización, el tiempo que llevaba activa, el número de posibles víctimas ni las cantidades que presuntamente obtenía mediante las extorsiones.

La dependencia detalló que las acciones se concretaron en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión mediante labores de inteligencia e investigación conjunta entre los cuerpos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Durante el despliegue, las fuerzas de seguridad operaron de manera simultánea 21 órdenes de cateo judiciales en diversos domicilios distribuidos a lo largo del estado.

Las autoridades no detallaron los municipios en los que operaban ni el nombre de la organización a la que estarían ligados.

En los 21 inmuebles intervenidos, los encargados del operativo aseguraron un arsenal compuesto por cuatro armas largas, dos armas cortas y municiones de diversos calibres.

Las detenciones ocurren en medio de los esfuerzos del Gobierno mexicano por contener la extorsión, un delito que contrasta con la tendencia a la baja registrada en otros indicadores de violencia y que afecta particularmente a comerciantes, transportistas, productores y pequeños negocios.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha en julio de 2025 una Estrategia Nacional contra la Extorsión, enfocada en perseguir a las redes dedicadas al cobro de cuotas y fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales.

El impacto de la extorsión ha trascendido además las fronteras mexicanas. Este mismo agosto, Estados Unidos suspendió temporalmente las inspecciones necesarias para exportar aguacate desde Michoacán por motivos de seguridad, en medio de operativos contra grupos señalados de extorsionar a productores.

La medida paralizó temporalmente los envíos del principal estado aguacatero de México al mercado estadounidense y obligó al Gobierno mexicano a reforzar la seguridad en la región para lograr la reanudación de las inspecciones.