Raúl Domínguez/Firmasmx

Dante Delgado es el mismo. El mismo político que entre 1988 y 1992 gobernó Veracruz desde una posición de poder vertical y que hoy pretende erigirse en autoridad moral para cuestionar la aplicación de la ley y presentarse como adalid de las libertades. A otro perro con ese hueso, porque en Veracruz hoy por hoy prevalece el Estado de derecho y, frente a cualquier intento de convertir la política en escudo para intereses oscuros, a la gobernadora Rocío Nahle no le han temblado las corvas para exigir a las instituciones de procuración e impartición de justicia que cumplan con su responsabilidad y hagan valer la ley, sin importar nombres, partidos ni padrinazgos.

Los procesos de desafuero de los alcaldes emanados de Movimiento Ciudadano en Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, asuntos que han provocado la airada reacción de Dante Delgado, son apenas dos botones de muestra de lo que ocurre cuando un partido pretende convertir la política en refugio de sus propios excesos; y vaya que hay razones para preguntarse en qué momento Movimiento Ciudadano terminó convertido en un auténtico estercolero político.

Porque antes de repartir certificados de democracia, Dante Alfonso tendría que hacer algo mucho más sencillo: revisar su propio expediente y, de rodillas, pedir perdón a las familias de obreros, campesinos, activistas del PRD y defensores de derechos humanos agraviados durante aquellos años.

Y el expediente existe.

No hablamos de publicaciones en redes sociales ni de acusaciones inventadas por adversarios políticos.

Hablamos de documentos oficiales.

La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, creada en junio de 1990, emitió durante ese periodo recomendaciones dirigidas al gobernador Dante Delgado y a autoridades de su administración por hechos relacionados con tortura, detenciones arbitrarias o prolongadas, desapariciones, omisiones ministeriales, denegación de justicia, derechos laborales, propiedad, condiciones penitenciarias y atención a personas con enfermedades mentales.

El listado que no cabe debajo de la alfombra ROJA sobre la que Dante Delgado caminó hoy, en un fastuoso hotel de Boca del Río, está debidamente documentado y hasta tiene sello internacional. Es el expediente que, quizá por prudencia, prefirió no mencionar mientras se mordía la lengua al criticar la administración de la primera mujer gobernadora de Veracruz, la ingeniera Rocío Nahle, ella sí legitimada en las urnas por el voto de más de 2 millones 120 mil ciudadanos, no interina como en mala hora pudo llegar a Palacio de Gobierno este sujeto.

Recomendación 30/1990 — 29 de noviembre de 1990

Agraviados: Zósimo Centeno Hernández, Wilebaldo Centeno, Gonzalo Ibarra, Quintil Quintero, Luis Hernández y otros indígenas nahuas.

Autoridades señaladas: Policía Judicial del Estado de Veracruz, autoridades ministeriales y autoridades judiciales estatales.

Derechos involucrados: integridad personal, libertad, seguridad jurídica y debido proceso.

El expediente involucró detenciones y presuntos actos de tortura contra indígenas nahuas de Embocadero y San Gregorio, municipio de Ilamatlán. Según la denuncia examinada por la CNDH, fueron torturados para obtener confesiones relacionadas con los homicidios de Eloy Zenteno y Sixto Cordero.

El caso llegó incluso al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura, Peter H. Kooijmans.

Recomendación 123/1991 — 25 de noviembre de 1991

Agraviado: Martín Heredia Sánchez, reportero de El Sol del Centro.

Autoridades señaladas: Gobierno del Estado de Veracruz, particularmente la Procuraduría General de Justicia y la Policía Judicial.

Derecho vulnerado: justicia pronta y expedita.

Martín Heredia desapareció en Córdoba. Su automóvil fue localizado en un cañaveral cerca de Huatusco, rumbo a Coscomatepec. La CNDH documentó omisiones e inactividad ministerial y de la Policía Judicial, y ordenó designar un Fiscal Especial para investigar la desaparición.

Recomendación 14/1992 — 7 de febrero de 1992

Agraviada: Verónica Danell Monter, con afectación indirecta a trabajadores y patrones sujetos al régimen laboral estatal.

Autoridad señalada: Gobierno del Estado de Veracruz.

Derechos vulnerados: jurisdicción, legalidad, acceso a la justicia y seguridad jurídica.

La razón: el gobierno estatal no había instalado el Tribunal de Arbitraje previsto por la legislación laboral burocrática.

La CNDH sostuvo que esa omisión dejaba a trabajadores y patrones en “absoluto estado de indefensión”.

Recomendación 19/1992 — 12 de febrero de 1992

Agraviado: Jaime Ruiz Cervantes.

Autoridades señaladas: Policía Municipal de Juchique de Ferrer, Policía Judicial del Estado y agentes del Ministerio Público.

Derechos vulnerados: libertad personal, legalidad, debido proceso e integridad física.

La CNDH documentó una detención que se prolongó ilegalmente y una denuncia de golpes y tortura para obtener una confesión. El seguimiento del caso reportó investigaciones contra servidores públicos y el cese de Valentín Romero Sánchez como jefe de grupo de la Policía Judicial del Estado.

Recomendación 33/1992 — 3 de marzo de 1992

Agraviados: Ramón Rafael y José Miguel Barrientos Castañeda.

Autoridades señaladas: Procuraduría General de Justicia del Estado y Policía Judicial.

Derechos vulnerados: propiedad, seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia.

El expediente involucró los predios Santa Sofía y Mesa Grande, en Papantla. Existía una orden de aprehensión contra 69 presuntos responsables por robo, despojo y daños que no había sido ejecutada.

Recomendación 44/1992 — 24 de marzo de 1992

Agraviados: población penitenciaria del Reclusorio Regional de Coatzacoalcos.

Autoridad señalada: Gobierno del Estado de Veracruz.

Derechos vulnerados: integridad, dignidad, salud, condiciones dignas de reclusión y debido proceso penitenciario.

El penal tenía capacidad para 250 internos y albergaba 618: una sobrepoblación de 147 por ciento.

La CNDH encontró, entre otras irregularidades:

• 50 internos aproximadamente dormían en el piso;
• unos 30 dormían en un espacio utilizado también como taller;
• no se separaban procesados y sentenciados;
• existían deficiencias médicas;
• la enfermería albergaba a 22 internos, incluidos enfermos mentales;
• había carencias en visitas familiares e íntimas;
• y la propia administración penitenciaria desconocía si existía reglamento interno.

Recomendación 84/1992 — 6 de mayo de 1992

Agraviados: Juvencio y Miguel González González.

Autoridades señaladas: Policía Judicial del Estado, Procuraduría General de Justicia y autoridades judiciales.

Derechos vulnerados: integridad personal, libertad, debido proceso y plazo constitucional de detención.

La denuncia señalaba que ambos habían sido forzados a confesar delitos que no habían cometido, además de sufrir tortura física y moral. La CNDH ordenó investigar las lesiones, la prolongación de la detención y las responsabilidades de los agentes involucrados.

Recomendación 136/1992 — 7 de agosto de 1992

Agraviados: personas inimputables y enfermos mentales recluidos en centros penitenciarios del Estado.

Autoridades señaladas: Gobierno del Estado de Veracruz y Tribunal Superior de Justicia.

Derechos vulnerados: salud, integridad, dignidad, libertad y condiciones adecuadas de tratamiento.

De 65 pacientes examinados, únicamente:

• 28 —43.07%— tenían valoración psiquiátrica;
• 29 —44.61%— tenían diagnóstico psiquiátrico;
• 19 —29.23%— recibían tratamiento psicofarmacológico;
• sólo 10 —15.38%— recibían tratamiento combinado;
• y un interno llevaba 12 años recluido sin tratamiento especializado.

Recomendación 140/1992 — 10 de agosto de 1992

Agraviado: José Medina Méndez.

Autoridades señaladas: Ministerio Público de Ciudad Cardel y Policía Judicial del Estado.

Derechos vulnerados: libertad, seguridad jurídica, acceso a la justicia e investigación efectiva.

José Medina Méndez desapareció después de viajar hacia Veracruz con un cargamento. Su camión fue encontrado abandonado en la carretera Palma Sola-Ciudad Cardel y la investigación permaneció prácticamente paralizada durante más de un año.

La CNDH calificó las omisiones como denegación de justicia.

Recomendación 218/1992 — 9 de noviembre de 1992

Agraviado: Fomento Cultural y Educativo, A. C.

Autoridades señaladas: Ministerio Público de Huayacocotla y Procuraduría General de Justicia del Estado.

Derechos vulnerados: acceso a la justicia, seguridad jurídica y procuración de justicia.

La averiguación previa relacionada con el predio Los Parajes permaneció prácticamente inmóvil durante más de ocho meses. La CNDH encontró un “tratamiento inequitativo y contradictorio” entre investigaciones relacionadas con el mismo conflicto y calificó la actuación ministerial de “contraria a Derecho”.

Y faltan dos capítulos que Dante tampoco puede borrar:  Los trabajadores portuarios

El 1 de junio de 1991, el puerto de Veracruz fue objeto de una requisa federal que modificó radicalmente las relaciones laborales de los trabajadores portuarios.

La requisa fue una decisión del Gobierno Federal, y sería incorrecto atribuírsela exclusivamente a Dante Delgado.

Pero posteriormente, en denuncias presentadas ante la Cámara de Diputados, trabajadores y dirigentes sindicales acusaron coacción, amenazas, intimidación, persecuciones, detenciones, torturas y lesiones, además de presiones para aceptar liquidaciones y renunciar a derechos laborales.

El abogado sindical Alejandro Pulido Cueto declaró posteriormente que durante las negociaciones habría recibido amenazas y atribuyó a Dante Delgado una advertencia particularmente grave: “si no se salen del puerto, nos los vamos a llevar a todos”.

La responsabilidad exacta de cada autoridad debe establecerse conforme a los expedientes correspondientes. Pero el episodio forma parte de la historia de presión sobre los trabajadores portuarios durante aquel periodo.

Los perredistas asesinados

Y luego está el capítulo político que quizá resulte todavía más incómodo. El informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico documenta que durante el gobierno de Dante Delgado dirigentes perredistas denunciaron la utilización de Antorcha Campesina y el Movimiento Nacional de los 400 Pueblos para contener el crecimiento del PRD.

El informe registra al menos cuatro militantes perredistas víctimas de ejecución extrajudicial en 1991, año de elecciones municipales:

• Asunción Hernández López, candidato a regidor en Tezonapa, fue sacado de su domicilio, amarrado a un árbol y ejecutado.
• Margarito Delgado Martínez, integrante del Comité Municipal del PRD en Cosamaloapan, fue asesinado frente a su domicilio.
• Alejandro Miranda Ibarra, precandidato a la presidencia municipal, fue ejecutado en Martínez de la Torre.
• Ubaldo Bautista Sánchez, también en Martínez de la Torre.

El informe señala que ninguna de esas ejecuciones fue castigada.

Aquí también debe hacerse una precisión: documentar esos asesinatos y el contexto político no equivale a demostrar que Dante Delgado hubiera ordenado personalmente las ejecuciones. Esa afirmación requeriría evidencia específica.

Pero tampoco puede pretenderse que aquellos hechos desaparezcan de la historia simplemente porque hoy resulte políticamente conveniente hablar de democracia.

Y entonces, ¿con qué autoridad moral?

Por eso resulta inevitable preguntarle al fundador de Movimiento Ciudadano:

¿Con qué autoridad moral pretende Dante Delgado dar hoy lecciones de democracia, legalidad y derechos humanos?

Porque una cosa es cuestionar legítimamente a un gobierno.

Y otra muy distinta es presentarse como paladín de las libertades mientras se pretende sepultar el expediente del gobierno que encabezó.

Hoy Dante cuestiona la aplicación de la ley.

Pero cuando gobernó Veracruz, la CNDH tuvo que documentar que había trabajadores en “absoluto estado de indefensión”, personas torturadas o detenidas irregularmente, desapariciones cuya investigación fue negligente, cárceles sobrepobladas y enfermos mentales privados de atención adecuada.

Ese es el contraste que no explica.

Y aquí entra Rocío Nahle

Si la administración de Rocío Nahle actúa correctamente, debe reconocerse.

Si se excede, debe señalarse.

Si viola derechos, debe documentarse y denunciarse.

Pero cuestionar a la mandataria veracruzana no convierte automáticamente a Dante Delgado en adalid de los derechos humanos y muchos menos en ejemplo de respeto a las leyes, porque en su tiempo se las pasó por donde jamás le ha llegado el sol. 

El archivo de su propio gobierno contiene una secuencia de recomendaciones oficiales por asuntos que hoy él mismo utilizaría como argumentos para denunciar a cualquier adversario.

Dante puede cambiar de partido, de discurso, de aliados y hasta de camiseta política, lo que no puede sustituir, es el archivo histórico y este aquí permanece:

• TORTURA.
• DETENCIONES PROLONGADAS.
• DESAPARICIONES.
• DENEGACIÓN DE JUSTICIA.
• DERECHOS LABORALES VULNERADOS.
• SOBREPOBLACIÓN PENITENCIARIA.
• ENFERMOS MENTALES SIN ATENCIÓN ADECUADA.
• ASESINATOS DE MILITANTES OPOSITORES.
• DENUNCIAS DE REPRESIÓN CONTRA TRABAJADORES PORTUARIOS.

No es una etiqueta política, son capítulos documentados de una época.

Así que antes de intentar vender espejitos de democracia desde una tribuna política que Dante abra primero el cajón de su propia historia.

Y si de verdad quiere hablar de derechos humanos, que empiece por mirar a los ojos —aunque sea simbólicamente— a las familias de quienes durante su gobierno esperaron justicia y recibieron silencio.

Porque los gobiernos pasan.

Los discursos se reciclan.

Los partidos cambian de color.

Los políticos se reinventan.

Pero los expedientes permanecen.

Y frente a ellos, la memoria no se cura en salud.

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