Ciudad de México.— La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer acción penal contra Portacelis Gas and Oil, de Tabasco, y cinco personas presuntamente involucradas en un esquema de huachicol fiscal, luego de que el SAT detectara que la empresa tramitó 139 pedimentos de importación de combustibles entre el 11 de febrero y el 27 de junio de 2025, con información presuntamente falsa, lo que habría provocado la omisión de 834 millones de pesos en derechos e impuestos.

La solicitud fue presentada el 25 de marzo de 2026 mediante una declaratoria de perjuicio entregada a la FGR por Francisco Javier Arias Chávez, administrador de Asuntos Penales del SAT. De acuerdo con los documentos citados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), los combustibles habrían ingresado a México en ferrotanques, mediante operaciones que presuntamente utilizaron documentación irregular para evadir las obligaciones fiscales correspondientes.

La investigación coloca a Portacelis Gas and Oil en el centro de un entramado empresarial relacionado con Jorge Amílcar Olán, empresario señalado públicamente como cercano a Andrés Manuel López Beltrán. La compañía fue constituida el 6 de agosto de 2024, ante el notario Manuel Alejandro Cachón, en Villahermosa, Tabasco, y sus accionistas designaron como administrador único a Juan Carlos de la Cruz Murillo.

De acuerdo con MCCI, De la Cruz mantenía vínculos corporativos con otras empresas relacionadas con Olán. Aparecía como administrador de Portacelis, comisario de Romedic —empresa que recibió contratos de medicamentos del Insabi— y accionista de Poyago, compañía que en 2023 modificó su objeto social para incluir la comercialización de medicamentos al IMSS.

Asimismo, figuraba en el órgano de vigilancia de Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, constructora en la que Olán posee, según la investigación periodística citada, 90 por ciento de las acciones. MCCI ha señalado a De la Cruz como un presunto prestanombres del empresario.

Sin embargo, el 23 de diciembre de 2024, apenas unos meses después de la constitución de Portacelis y al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, De la Cruz dejó el cargo de administrador único y fue sustituido por José Alonso Ulin Hernández, de 32 años.

Según MCCI, Ulin, residente de la ranchería Ixtacomitán, en Jalpa, Tabasco, no contaba con una trayectoria empresarial previa conocida. La organización periodística plantea que el relevo pudo formar parte de una estrategia para separar formalmente a los operadores de la empresa de quienes participaron en su creación.

“El movimiento fue una estrategia bien planeada”, sostuvo el periodista Raúl Olmos, de MCCI, al describir una estructura empresarial caracterizada por socios sin trayectoria, domicilios modestos y cambios corporativos que habrían dificultado identificar vínculos con sus fundadores.

El SAT apunta a cinco implicados

La autoridad fiscal no presentó cargos contra Juan Carlos de la Cruz Murillo por las operaciones investigadas, sino que dirigió la solicitud de acción penal contra José Alonso Ulin Hernández y agentes aduanales, a quienes atribuye participación en las operaciones presuntamente irregulares.

El expediente sostiene que los 139 pedimentos de importación de petrolíferos forman parte de un esquema mediante el cual Portacelis habría introducido combustibles al país utilizando información falsa y sin cubrir los impuestos y derechos correspondientes.

La autoridad calificó los hechos atribuidos a la empresa como “huachicol fiscal”, una modalidad de contrabando de hidrocarburos que implica la evasión de contribuciones mediante mecanismos de importación y documentación irregular.

Agente aduanal habría escapado a Estados Unidos

La investigación también alcanza a Víctor José Carretero Zardeneta, agente aduanal señalado como pieza relevante en las operaciones de Portacelis. De acuerdo con la información citada por MCCI, Carretero habría abandonado México rumbo a Estados Unidos en enero de 2026, cuando la FGR presuntamente se preparaba para detenerlo en la zona fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, y Brownsville, Texas.

Carretero, quien cuenta con doble nacionalidad y es conocido como pastor cristiano en la frontera tamaulipeca, aparece además en otras investigaciones relacionadas con presunto contrabando de combustibles.

Sobre él pesan, según la información difundida, dos órdenes de aprehensión vinculadas con investigaciones distintas: una relacionada con el empresario Ernesto Ruffo Appel y otra con tres militares que estuvieron al frente de la Aduana de Matamoros.

La investigación de Portacelis representa un tercer expediente en el que Carretero es señalado por presuntamente tramitar los 139 pedimentos de petrolíferos investigados por el SAT.

El caso vuelve a colocar bajo escrutinio las relaciones empresariales de Jorge Amílcar Olán, quien ha sido vinculado públicamente con proyectos emblemáticos de la administración de López Obrador, entre ellos el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Algunas conversaciones telefónicas atribuidas a Olán también han sido difundidas previamente y han generado señalamientos sobre presuntas irregularidades en obras públicas.

La solicitud de la Secretaría de Hacienda deja ahora en manos de la FGR la investigación penal y la eventual judicialización de los hechos denunciados, mientras las autoridades deberán determinar la responsabilidad individual de los involucrados y el alcance del presunto perjuicio fiscal de 834 millones de pesos.