Nuevo León, Monterrey .-  La interceptación de un cargamento de 210 armas de fuego en las carreteras de Nuevo León reabrió el debate sobre el flujo ilegal de armamento transfronterizo y su impacto en la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos. El decomiso, procedente de Texas, impidió que 195 fusiles de alto poder y 15 pistolas cortas alimentaran el poder operativo de los cárteles de la droga.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que el operativo en Sabinas Hidalgo es muestra del trabajo coordinado entre la FGR, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional para interceptar la logística de las bandas criminales. El funcionario enfatizó que la neutralización de este tipo de armamento busca frenar de forma directa los índices de violencia que afectan a diversas regiones del territorio nacional.

La contención del tráfico de armas se mantiene como uno de los ejes prioritized en la relación bilateral con Washington, a la par del combate al tráfico de fentanilo y personas. A pesar de que en junio de 2025 la Suprema Corte de Estados Unidos desestimó por unanimidad la demanda presentadas por México contra fabricantes de armas al apelar a leyes de inmunidad corporativa, el gobierno mexicano insiste en la responsabilidad compartida para frenar el contrabando hacia el sur.

Datos oficiales de agencias estadounidenses como la ATF reflejan la magnitud del desafío: solo en 2025 se enviaron a rastreo más de 32 mil armas aseguradas en México, de las cuales cerca de 23 mil fueron identificadas como fabricadas o comercializadas originalmente en Estados Unidos. Ante este escenario, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que la incautación de más de 30 mil armas en lo que va de su mandato resulta clave para desarticular la capacidad logística del crimen organizado.