XALAPA, VER.— La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGE reportó una reducción significativa en el número de carpetas de investigación pendientes derivadas de denuncias del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), aunque el rezago heredado de la administración anterior aún representa un desafío para la procuración de justicia en materia de corrupción.

La titular del organismo, Stephany Rosas Méndez, informó que al asumir el cargo encontró 151 carpetas de investigación relacionadas con denuncias presentadas por el ORFIS. Actualmente, dijo, el número se ha reducido a alrededor de 80 expedientes pendientes.

La funcionaria explicó que esta disminución ha sido posible mediante diversas determinaciones ministeriales, entre ellas la judicialización de investigaciones y el uso de mecanismos alternativos contemplados por el sistema penal acusatorio, particularmente acuerdos de reparación del daño.

De acuerdo con Rosas Méndez, estas salidas permiten que determinados asuntos puedan concluir sin llegar necesariamente a un proceso penal, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación.

Un rezago que puso a prueba a la Fiscalía

El diagnóstico presentado por la fiscal deja al descubierto el volumen de expedientes que permanecían sin una resolución definitiva en la Fiscalía Anticorrupción, particularmente aquellos derivados de observaciones y denuncias del ORFIS.

Rosas Méndez atribuyó parte de ese retraso a una insuficiente coordinación entre las instituciones encargadas de aportar documentación, auditorías y otros elementos indispensables para integrar las investigaciones.

“Yo llego a la Fiscalía con un rezago impresionante. El día que tomé protesta les dije: Yo me quiero enfocar en ver por qué las carpetas de investigación no avanzaban”, sostuvo.

La fiscal aseguró que una mayor comunicación con las dependencias involucradas ha permitido mejorar la integración de los expedientes y acelerar su desahogo.

“Mucho de lo que no avanzaba era la perfecta coordinación que antes no se tenía y que ahora se tiene, que eso nos ha permitido integrar mejor las carpetas y avanzar más rápido”, declaró.

Reparación del daño, una vía para cerrar expedientes

Uno de los aspectos relevantes del balance es el recurso a mecanismos de justicia alternativa, mediante los cuales algunos exfuncionarios o personas involucradas en investigaciones pueden reparar el daño conforme a las condiciones previstas por la ley.

La aplicación de estos mecanismos no significa, por sí misma, que todos los casos hayan derivado en una responsabilidad penal acreditada, pues cada carpeta debe analizarse de manera individual y con base en los elementos obtenidos durante la investigación.

La propia fiscal enfatizó que no todas las denuncias necesariamente terminan ante un juez. La determinación depende de las pruebas reunidas, la naturaleza de los hechos y las salidas jurídicas disponibles.

Rapidez no siempre significa eficiencia

Rosas Méndez también planteó una discusión de fondo sobre los tiempos de investigación en los casos de corrupción. Consideró necesario reducir los periodos excesivos, pero advirtió que acelerar los procedimientos no debe traducirse en investigaciones deficientes.

“Claro que se acorten los tiempos, pero el acortar los tiempos no es eficiencia”, afirmó.

Explicó que las investigaciones por posibles actos de corrupción suelen requerir una revisión detallada de documentos, auditorías, movimientos y diversos elementos probatorios antes de determinar si existen datos suficientes para ejercer acción penal.

“Los hechos de corrupción son muy minuciosos, tienen que llevar más precisión para poder nosotros llegar a una correcta judicialización”, señaló.

En ese sentido, la titular de la Fiscalía Anticorrupción sostuvo que cualquier reforma destinada a acortar los plazos de investigación debe considerar la complejidad de los expedientes y, al mismo tiempo, garantizar que las carpetas lleguen ante un juez con elementos suficientes para sostener jurídicamente las acusaciones.

El reto, por tanto, no se limita a reducir el número de carpetas pendientes, sino a demostrar que el desahogo de ese rezago se traduzca en investigaciones sólidas, reparación efectiva del daño cuando corresponda y, en los casos con elementos suficientes, responsabilidades penales determinadas por las autoridades competentes.