Jorge Carreño/Agencia InforedTv

Oaxaca.— Hay decisiones de gobierno que parecen responder a una estrategia de Estado y otras que tienen el incómodo aspecto de ser consecuencia de que el problema ya se volvió imposible de ocultar. Lo ocurrido en Juchitán de Zaragoza pertenece, al menos por su secuencia, a la segunda categoría.

Durante meses, mientras en el Istmo se acumulaban denuncias, miedo, extorsiones y reclamos ciudadanos, el Gobierno de Salomón Jara Cruz mantuvo una relación política con el Ayuntamiento que hoy aparece bajo el reflector nacional. No fue sino hasta la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, acusado por autoridades federales de delitos como extorsión y de presuntos vínculos con una célula delictiva, cuando el Ejecutivo estatal aceleró una salida institucional.

Y entonces ocurrió lo que durante mucho tiempo parecía impensable: Jara pidió al Congreso desaparecer el Ayuntamiento de Juchitán.

El Legislativo actuó con una velocidad extraordinaria. En una sesión de menos de 20 minutos, 35 diputados votaron a favor y ninguno en contra de la desaparición de poderes municipales. Con ello se abrió paso a una administración temporal encabezada por un administrador, Francisco Vázquez Jiménez, encargado de conducir el municipio y preparar la transición correspondiente.

La pregunta política, sin embargo, no termina con la desaparición del Cabildo. Apenas comienza.

Porque si el escenario de Juchitán era suficientemente grave como para terminar con la desaparición del Ayuntamiento, resulta inevitable preguntar desde cuándo tenía conocimiento el Gobierno estatal de la situación que padecía el municipio y qué acciones emprendió antes de que intervinieran las autoridades federales.

Ahí está el verdadero problema.

La reacción institucional puede ser jurídicamente procedente; lo que queda bajo escrutinio público es la oportunidad de esa reacción. La gobernabilidad no consiste únicamente en intervenir cuando una crisis estalla en los titulares nacionales. También implica anticiparse a ella cuando existen señales de alarma.

Y Juchitán no apareció de la noche a la mañana en el mapa de la violencia.

El efecto dominó llegó al IEEPO

El caso tampoco terminó en el Ayuntamiento. Emilio Montero Pérez, director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), presentó su renuncia después de que trascendiera su cercanía política con Sánchez Altamirano. Montero había sido presidente municipal de Juchitán y posteriormente fue sucedido en ese cargo por el propio Sánchez Altamirano.

Este sábado, Salomón Jara designó a Fernanda Chávez Cruz como encargada de despacho del IEEPO, con la encomienda —según informó el propio mandatario— de dar continuidad a los trabajos y fortalecer la atención a las comunidades escolares y al magisterio.

Así, en cuestión de días, el caso Juchitán terminó provocando movimientos en dos estructuras fundamentales del poder oaxaqueño: el gobierno municipal y el aparato educativo estatal.

Y aquí aparece la ironía política de todo el episodio: un gobierno que durante la crisis parecía caminar con cautela terminó tomando decisiones drásticas cuando la presión institucional y mediática ya había colocado el expediente en el centro de la escena nacional.

Desaparecer un Ayuntamiento no es administrar una crisis; es reconocer que la crisis llegó demasiado lejos.

Juchitán no es una hacienda bananera ni sus habitantes son súbditos de nadie. Es un municipio con una población que merece instituciones capaces de garantizar seguridad, servicios públicos y gobierno democrático sin esperar a que la federación tenga que entrar por la puerta principal para recordar que el Estado también tiene responsabilidades locales.

Ahora vendrá la parte más difícil: explicar por qué se llegó hasta aquí, quién sabía qué, desde cuándo y qué se hizo —o se dejó de hacer— antes de que el escándalo obligara a actuar.

Porque desaparecer un Cabildo puede resolver un vacío administrativo.

Lo que todavía falta resolver es el vacío de responsabilidad política.