Ciudad de México .- El análisis financiero relativo a las alertas emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sumó precisiones clave por parte de la Presidencia de la República. La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que, si bien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó diversas irregularidades en cuentas bancarias relacionadas con el expediente de la OFAC, estas no se traducen en vínculos directos con grupos fuera de la ley.

En el centro del debate se encuentra Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, cuya situación patrimonial ha sido objeto de señalamientos internacionales. Al respecto, la Jefa del Estado mexicano fue clara al señalar que no existe evidencia ni en entidades bancarias ni en casas de bolsa que sustente las imputaciones sobre presuntos esquemas delictivos de mayor escala.

“No hay ninguna prueba de vínculo de estos dos bancos y la casa de bolsa con algún asunto delincuencial”, aseveró Sheinbaum Pardo. La presidenta detalló que la UIF notificó los hallazgos de forma oportuna, precisando la diferencia legal que existe entre un fallo en el cumplimiento normativo bancario y la comisión de delitos vinculados a la delincuencia organizada.

El pronunciamiento busca acotar las especulaciones políticas surgidas tras la publicación del reporte estadounidense y reafirma que la administración federal dará seguimiento al caso sobre bases estrictamente documentadas y probadas dentro del marco normativo nacional.