Ciudad de México.— El posicionamiento del Gobierno Federal respecto a los hechos ocurridos en Tlatelolco en 1968 busca sentar un precedente institucional sobre el uso del poder público y la reparación de la memoria histórica en la vida política del país.

La ratificación de la responsabilidad del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, plasmada de forma oficial en los decretos del Diario Oficial de la Federación, representa un giro decisivo en el discurso del Estado mexicano, alejándose de las interpretaciones del pasado que justificaban el uso de la fuerza contra la comunidad estudiantil.

Este giro gubernamental no solo busca hacer justicia simbólica a las víctimas y sobrevivientes de la Noche de Tlatelolco, sino también establecer una garantía de no repetición que redefina la relación entre las fuerzas de seguridad y las movilizaciones ciudadanas en el México contemporáneo.

Al colocar la libertad de expresión y de protesta en el centro de la agenda de derechos fundamentales, el Ejecutivo Federal busca proyectar un compromiso claro hacia la no criminalización del disenso y la consolidación de espacios democráticos de diálogo con la sociedad civil.