Ciudad de México.— La carrera política de cara al proceso electoral de 2028 ha sufrido una modificación estructural previa. Tras ser ratificada por el Constituyente Permanente, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó la reforma que obliga a cualquier aspirante a la Presidencia, gubernaturas o Jefatura de Gobierno a ostentar de forma exclusiva la ciudadanía mexicana.

La medida busca eliminar cualquier controversia sobre posibles conflictos de interés, doble lealtad o protección diplomática exterior de quienes encabecen los ejecutivos federal y locales. Las fuerzas políticas deberán ajustar sus esquemas de selección interna para garantizar que sus perfiles cumplan con esta exigencia constitucional.

En el panorama político, la firma del decreto establece un parámetro de evaluación indispensable para las futuras precandidaturas. Los partidos políticos deberán verificar minuciosamente la documentación de sus perfiles antes de inscribirlos en la contienda oficial ante las autoridades electorales.

Con el aval de la mayoría de los congresos estatales y del Senado de la República, la reforma marca la pauta de los comicios venideros, asegurando que la representación popular de mayor rango en el país sea ejercida bajo el principio de identidad nacional única.