La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, difundida hoy por Reforma exhibe decisiones administrativas que ameritan explicaciones públicas. El caso de Amílcar Olán sigue dando de qué hablar y vuelve a poner bajo escrutinio las relaciones empresariales y políticas que rodearon al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El nombre de Amílcar Olán Aparicio, empresario identificado por sus vínculos de amistad con los hijos del expresidente, vuelve a aparecer en una investigación periodística que pone bajo la lupa autorizaciones para operar apuestas por internet y la ampliación de permisos para casinos.

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 28 de junio de 2023, apenas un día antes de dejar el cargo, Manuel Marcué Díaz, entonces director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, autorizó a las empresas Superjuegos Robin y Luxury de México captar apuestas a través de los sitios betwarrior.mx y betwarrior.com.mx.

La coincidencia temporal no es un detalle menor: Marcué abandonó el puesto al día siguiente. Había llegado a esa dirección en enero de 2022, durante la gestión de Adán Augusto López Hernández al frente de Gobernación, después de haber trabajado también con él en el gobierno de Tabasco.

La investigación añade otro antecedente relevante. Cuando se desempeñó como administrador de la Secretaría de Salud de Tabasco, Marcué otorgó contratos por más de 214 millones de pesos a Romedic, empresa vinculada con Amílcar Olán. Es decir, no se trata únicamente de una autorización expedida al cierre de una gestión, sino de un entramado de relaciones previas que exige transparencia y rendición de cuentas.

Los registros mercantiles citados por MCCI ubican a Jesús Medina Córdova, contador de Olán, como comisario de Superjuegos Robin y Luxury de México. También señalan que Amílcar Aparicio Sánchez, abuelo materno del empresario, formó parte del consejo de administración de Luxury de México hasta 2024. En marzo de 2023, Marcué había ampliado hasta 2039 el permiso de Superjuegos Robin para operar un casino en Chihuahua.

La trama incorpora además a Víctor Hugo Rosales Angulo, integrante del consejo de Luxury de México y socio de Olán en un desarrollo inmobiliario de lujo en Polanco. MCCI refiere que Rosales fue investigado por la entonces PGR durante el gobierno de Enrique Peña Nieto por presuntos vínculos con el caso Oceanografía y un esquema de subcontratación ilegal. Es importante precisar que esos antecedentes no equivalen, por sí mismos, a una declaración de culpabilidad.

ADÁN AUGUSTO: UNA MANCHA MÁS AL TIGRE

Por cuanto hace a Adán Augusto López Hernández, el nuevo señalamiento vuelve a colocar su gestión bajo una incómoda interrogante: ¿qué controles existieron para garantizar que las autorizaciones y los permisos se otorgaran conforme a la ley y sin conflictos de interés?

No hay que confundir las responsabilidades. La información difundida por MCCI no demuestra por sí sola que Adán Augusto haya ordenado las autorizaciones ni que exista responsabilidad penal de su parte. Sin embargo, su cercanía administrativa con Marcué y los antecedentes de este último en Tabasco hacen indispensable que se esclarezcan los hechos, se expliquen los criterios utilizados y se determine si hubo irregularidades.

El asunto Amílcar Olán está lejos de apagarse. Cada nueva revelación vuelve a exhibir las redes de relaciones que merecen ser examinadas con lupa, sobre todo cuando confluyen contratos públicos, permisos de apuestas y negocios privados.

En el caso de Adán Augusto, la expresión popular resulta inevitable: es una mancha más al tigre. Una más en un historial político que acumula cuestionamientos y que no puede despacharse con discursos de honestidad ni con llamados a la confianza ciega.

Si todo se hizo conforme a derecho, corresponde demostrarlo con documentos, explicaciones verificables y transparencia. Si hubo favoritismos o decisiones contrarias al interés público, las autoridades competentes deben investigarlos y fincar las responsabilidades que procedan.

La honestidad no se acredita con propaganda; se demuestra rindiendo cuentas. Y cuando una investigación periodística documenta vínculos empresariales, autorizaciones al final de una gestión y antecedentes contractuales millonarios, el silencio político no basta: la sociedad tiene derecho a exigir respuestas.

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