• Fuentes de SEDARPA rechazan supuestos negocios irregulares; su renuncia quedaría a consideración de Rocío Nahle.

XALAPA, Ver.— Con amplia experiencia en la administración pública, el ingeniero Raúl Gámez González es descrito por fuentes de SEDARPA como un funcionario metódico, apegado a la normatividad y cuidadoso de informar a sus superiores antes de actuar.

Esa disciplina, señalaron, explica su postura ante el desacuerdo con el alcalde de Altotonga, Juan Pablo Becerra Hernández, por la entrega de fertilizantes y semillas de maíz híbrido.

Según las fuentes, la diferencia pudo resolverse aclarando las funciones de cada autoridad. Sin embargo, el edil llevó su inconformidad a Palacio de Gobierno, donde, aseguran, circularon versiones que afectaron la reputación del subsecretario.

Las fuentes defendieron su integridad y rechazaron que hubiera pretendido vender fertilizante al Ayuntamiento. Sostuvieron que su eventual salida obedecería al desencuentro, no a irregularidades acreditadas.

Gámez habría conversado su renuncia con Rodrigo Calderón Salas, dejando su aceptación en manos de la gobernadora Rocío Nahle García. Hasta las 22:00 horas del 14 de octubre, continuaba en su oficina, según esa versión.

Como antecedente, Becerra fue tesorero de Jalacingo entre 2022 y diciembre de 2024. Por cuanto hace a la Cuenta Pública de aquel año, el ORFIS le detectó seis observaciones administrativas municipales:

1.- Diferencias contables del predial por 2 millones 764 mil 280.37 pesos.

2.- Alta de registros de ingresos de la feria; ausencia de comprobantes de recaudación por permisos de alcohol, estimada en 3 millones 305 mil 956.50 pesos.

3.- Falta de aclaración de la firma bajo protesta de la síndica; omisión de la opinión de cumplimiento fiscal del SAT, y exceso presupuestal en servicios personales por 469 mil 970.64 pesos.

Los tres importes suman 6 millones 540 mil 207.51 pesos y corresponden a conceptos distintos. Aunque no constituyen daño patrimonial determinado por el ORFIS ni acreditan, por sí solos, responsabilidad individual del extesorero, las observaciones documentan deficiencias administrativas del Ayuntamiento durante su gestión en la Tesorería y por lo tanto la opinión pública estará atenta a las acciones legales que el presidente de Jalacingo, Miguel Cuéllar Contreras emprenda, al menos que sea su alcahuete.

Ese antecedente ofrece motivos para cuestionar su eficiencia como servidor público: la autoridad de un alcalde se sostiene en resultados y rendición de cuentas, no en desplantes. Si trae pendientes con el ORFIS, ya imaginamos los criterios que aplica en su administración municipal.