Raúl Domínguez-Pinto/Firmasmx

Las lluvias explican la creciente; las decisiones públicas ayudan a entender por qué tantas familias terminan bajo el agua. En Coatzacoalcos urge investigar quién permitió ocupar humedales, quién vendió terrenos inundables y quién obtuvo beneficios mientras otros heredaron el riesgo.

El problema tiene antecedentes. Un estudio publicado en EURE en 2013 documentó crecimiento urbano desordenado, relleno de humedales y asentamientos inadecuados, con posteriores dificultades de drenaje y hundimientos. También advirtió sobre la urbanización de dunas costeras inestables.

El expediente debe reconstruirse desde los ayuntamientos de los años ochenta, revisando permisos, compraventas y acuerdos de cabildo. La investigación tendría que abarcar las decisiones municipales y estatales durante los gobiernos de Agustín Acosta Lagunes, Fernando Gutiérrez Barrios, Dante Delgado, Patricio Chirinos, Miguel Alemán, Fidel Herrera y Javier Duarte, y extenderse al periodo de Miguel Ángel Yunes, iniciado en diciembre de 2016.

¿Quién autorizó? ¿Quién lotificó? ¿Qué dictámenes existían? ¿Quién cobró? Enumerar gobernantes delimita una revisión histórica; las responsabilidades individuales deben acreditarse con documentos.

El litoral reclama el mismo escrutinio. En 2022, La Jornada Veracruz recogió señalamientos de expertos sobre extracción clandestina de arena tolerada por administraciones municipales y sus impactos en Coatzacoalcos y Villa Allende. Es un antecedente para investigar, sin atribuir automáticamente cada daño costero a una sola causa.

¿Quién extrajo arena? ¿Dónde terminó? ¿A que industria fue a parar? ¿Se utilizó para rellenar asentamientos? ¿Hubo dinero, permisos o beneficios electorales? Ahí hacen falta expedientes, testimonios y peritajes y sobran las promesas de campaña de políticos mentirosos que ofrecen domesticar el pantano con unos cuantos volteos.

Ojo: Tampoco corresponde responsabilizar a las familias por buscar vivienda. Hay que esclarecer qué alternativas tuvieron y qué información recibieron sobre el terreno. Preguntarse ¿Porqué los que los políticos y empresarios pro priístas se adueñaron de la inmensa franja de oro del malecón? ¿Y porque una humilde familia obrera no se le ofertó un espacio sobre terreno firme?

A los legisladores les toca revisar el cumplimiento de la normatividad y sanciones: el artículo 66 de la ley general de asentamientos humanos ya exige estudios preventivos antes de autorizar proyectos en zonas de alto riesgo. Hace falta comprobar quién cumplió.

En estos tiempos, bien vendría esclarecer a traves de una Comisión de la Verdad, cómo se permitió poblar los pantanos de Coatzacoalcos.

Las autoridades federales y estatales deberían reconstruir esa historia: quién autorizó, quién vendió, quién se benefició y qué advertencias fueron ignoradas.

Si algunos hechos ya no pudieran sancionarse por haber prescrito los delitos que eventualmente se pudieron acreditar, eso no debería impedir conocer lo ocurrido.

Que los documentos exhiban a quienes hicieron negocio con la necesidad de vivienda y dejaron el riesgo a las familias. La ciudadanía merece conocer sus nombres; la historia y sus responsabilidades.

Por lo pronto y debido a la desgracia que ha ocasionado el Frente Frío II, se observa a una gobernadora, Rocío Nahle, tomando decisiones en el mismo lugar en donde las familias enfrentan la adversidad; ahí en donde el agua reclama lo que siempre ha sido suyo: el pantano.

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