Xalapa, Ver.— Este jueves, el llamado “senador cascarrabias”, Manuel Huerta, recibió otro piquete en salva sea la parte, luego de que el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) le diera “palo” a la impugnación promovida por su “consentida” Rosalba Hernández Hernández, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, considerada políticamente cercana al legislador. El recurso, declarado notoriamente improcedente, pretendía frenar la evaluación ordinaria a la que está sujeta la magistrada, como cualquier otro integrante del órgano jurisdiccional.

El pasado 13 de octubre, el Tribunal de Disciplina Judicial aprobó el inicio del procedimiento de evaluación ordinaria, que incluía a Hernández Hernández. La magistrada presidenta recibió la notificación el 21 de octubre y, cinco días después, presentó su impugnación.

La determinación quedó asentada en el expediente VARIOS 01/2026, publicado en la lista de acuerdos del órgano disciplinario.

El documento también incorpora el oficio DAJ/386/2026, mediante el cual la Dirección de Asuntos Jurídicos informó que dos de sus funcionarios declinaron actuar como delegados de la magistrada. En consecuencia, el Tribunal no les reconoció esa representación.

En pocas palabras, la resolución desestima el medio de defensa presentado por la magistrada, quien, en sentido figurado, está a punto de perder el “juicio”.

En términos llanos, como se dice en la jerga popular, la señora “magistrada del Bienestar”, a quien sus críticos consideran producto del “acordeón” y beneficiaria del respaldo político del senador Manuel Huerta, no aceptó someterse sin resistencia a la evaluación establecida en la ley.

A Hernández Hernández y al legislador les atribuyen una relación “política” estrechísima”, rodeada de historias que han alimentado comentarios en los corrillos judiciales. Pero una cosa son las cercanías y otra, muy distinta, las obligaciones legales.

Pareciera que, por ocupar la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada consideró que podía sustraerse de un procedimiento aplicable a quienes desempeñan funciones jurisdiccionales. Dicho en lenguaje popular pensaba: “Aquí solo mis chicharrones truenan”.

Bueno, eso pudo haber pensado, suponiendo que el Tribunal de Disciplina Judicial era una maceta más de las que adornan los pasillos y jardines del Palacio de Justicia. Sin embargo, el órgano disciplinario resolvió desechar su impugnación y mantener vigente el procedimiento.

Y es que, si uno de los principios proclamados por la Cuarta Transformación es terminar con los privilegios, la evaluación judicial constituye una oportunidad para demostrar que esa premisa también alcanza a quienes ocupan los cargos más altos. Cualquier eventual sanción o separación del puesto, desde luego, tendría que sujetarse a sus propios procedimientos y causas legales.

Lo que para algunos representa un galimatías constitucional, en materia de evaluación plantea una cuestión concreta: las obligaciones previstas en la ley deben aplicarse sin distinciones indebidas, considerando las atribuciones particulares de cada cargo.

Rosalba Hernández Hernández podrá contar con simpatías, relaciones y respaldos políticos, incluido el que se le atribuye a Manuel Huerta Ladrón ¿De verdad?; sin embargo, mientras desempeñe una función pública en el Poder Judicial de Veracruz, estará sujeta a los mecanismos de revisión legalmente establecidos. Faltaba más.

La decisión del Tribunal de Disciplina Judicial mantiene vigente el procedimiento de evaluación. Aunque el acuerdo difundido todavía no precisa cuándo se realizará ni cuáles serán los indicadores definitivos aplicables a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, la impugnación presentada por Hernández Hernández no consiguió detenerlo.

⚖️ Y aquí cabe una reflexión: si la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rosalba Hernández Hernández, no consiguió que prosperara un recurso de impugnación promovido en defensa de sus propios intereses, ¿qué confianza puede inspirar su criterio jurídico al momento de resolver los asuntos de terceros? Desde luego, perder una impugnación no demuestra incapacidad profesional, pero tratándose de quien encabeza el máximo tribunal de justicia de Veracruz, la pregunta resulta inevitable y merece una explicación.

Y por lo mismo, de esta evaluación la magistrada no se salvará ni con cebo de burra.

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