Xalapa, Veracruz.- En un posicionamiento firme frente a los recientes acontecimientos que sacuden a la vida pública del país, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, calificó este lunes como “vergonzosa” la presunta red de corrupción detectada al interior del Instituto Nacional Electoral (INE). Durante su habitual intervención en espacios radiofónicos informativos, la mandataria estatal abordó la crisis institucional desatada tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo y las denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en la contratación y el manejo de recursos financieros.

Nahle García lamentó profundamente que un organismo constitucional autónomo, cuya función primordial es garantizar la legalidad, la equidad y la transparencia en los procesos electorales de México, se encuentre actualmente bajo el escrutinio público debido a señalamientos de malversación de fondos y posibles conflictos de interés con empresas proveedoras de servicios e insumos. La titular del Ejecutivo veracruzano señaló que la sociedad mexicana exige instituciones honorables que prediquen con el ejemplo en la rendición de cuentas.

Ante este panorama, la gobernadora refrendó su absoluto respaldo a la instrucción girada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encabece una investigación exhaustiva y a fondo sobre los contratos, convenios y asignaciones presupuestales celebrados al interior del INE, abarcando una revisión histórica que remonte al menos hasta el año 2000. Este ejercicio de fiscalización se considera indispensable para sanear las finanzas del organismo.

La mandataria estatal enfatizó que las empresas dedicadas a la fabricación de boletas electorales y al suministro de material logístico para las elecciones no deben mantener relaciones de opacidad, compadrazgo o negocios irregulares con los funcionarios públicos encargados de adjudicar dichos contratos. En este sentido, consideró prioritario que las autoridades competentes esclarezcan los hechos con precisión y finquen las responsabilidades legales que correspondan sin miramientos.

Con estas declaraciones, el gobierno de Veracruz se suma a las voces que demandan una transformación profunda en los órganos autónomos del Estado, exigiendo que la legalidad y la honestidad rijan el ejercicio del gasto público. El deslinde de responsabilidades en el caso del INE marca un punto de inflexión en la discusión sobre la vigilancia de los recursos asignados a las instituciones encargadas de la democracia en el país.