Xalapa, Veracruz .- Como resultado de las labores de investigación y trabajo de inteligencia, elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), realizó dos detenciones en el marco del combate frontal contra los delitos de la extorsión y el secuestro.

En una primera acción, en coordinación con la Fiscalía Especializada Antisecuestro del estado de Nuevo León, cumplimentaron en Monterrey, una orden de aprehensión en contra de Samuel “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 26 de junio de 2016, cuando la víctima salió de su domicilio ubicado en el municipio de Moloacán, Veracruz, con dirección a un rancho, siendo visto por última vez antes de llegar a su destino.

Posteriormente, sus familiares recibieron una llamada telefónica en la que les exigieron dinero a cambio de su liberación. El 28 de junio del mismo año, los ofendidos entregaron una parte del dinero como pago del rescate; sin embargo, pese a que posteriormente les indicaron que la víctima sería liberada en el municipio de Las Choapas, esta no fue localizada y hasta el momento se desconoce su paradero.

Por otro lado, en Poza Rica, fue detenida en flagrancia Haydee “N”, como presunta responsable del delito de extorsión en agravio de un hombre.

Los hechos derivaron de una denuncia presentada por la víctima, quien señaló que la ahora detenida presuntamente le exigía diversas cantidades de dinero a cambio de no divulgar contenido de carácter íntimo.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue citada en un restaurante ubicado en el municipio de Poza Rica, donde realizaría la entrega de dinero como parte de una exigencia económica.

Durante la intervención a Haydee “N” le fue asegurado dinero en efectivo, presuntamente entregado momentos antes por la víctima.

En todo momento la identidad de las víctimas se mantiene bajo resguardo legal conforme a derecho.

Las personas detenidas serán puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho, con estricto respeto a sus derechos humanos y al debido proceso.