
Puebla .- Seis personas privadas de la libertad, catalogadas por las autoridades como de alta peligrosidad, serán trasladadas de centros penitenciarios del estado de Puebla hacia penales federales de máxima seguridad, luego de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch, aprobara formalmente la solicitud presentada por la administración estatal. La decisión busca despresurizar los reclusorios locales y fortalecer el control institucional en el sistema penitenciario poblano.
De acuerdo con lo confirmado por el coordinador de Gabinete de Puebla, José Luis García Parra, el operativo de reubicación se ejecutará en el transcurso de los próximos días. El funcionario detalló que esta autorización es resultado directo de las gestiones encabezadas por el secretario de Seguridad Pública estatal, el vicealmirante Francisco Sánchez González, quien planteó ante el gabinete de seguridad federal la necesidad de reubicar a estos perfiles considerados de alto riesgo.
Las autoridades estatales precisaron que los seis internos permanecen actualmente recluidos en el Centro Penitenciario de San Miguel, localizado en la capital poblana, así como en el penal de Tepexi de Rodríguez. No obstante, por motivos de seguridad operativa y sigilo institucional, se reservaron las identidades de los reos, los delitos específicos por los cuales enfrentan proceso o condena y las ubicaciones exactas de los centros federales que los recibirán.
Esta determinación ocurre en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la gobernabilidad y las condiciones de seguridad al interior del penal de San Miguel. Cabe recordar que, a principios de este mes de noviembre, familiares de personas internas protagonizaron movilizaciones, protestas y bloqueos viales para denunciar presuntos actos de extorsión, cobros ilegales y diversas irregularidades cometidas dentro de dicho reclusorio.
Paralelamente, José Luis García Parra desmintió categóricamente las versiones difundidas en redes sociales y algunos espacios informativos respecto a un supuesto brote de hepatitis o de otra enfermedad contagiosa en el penal de San Miguel. El coordinador de Gabinete puntualizó que esta misma semana se efectuó una inspección interinstitucional con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de Salud, durante la cual se practicaron valoraciones médicas a cerca de 900 internos sin detectarse emergencia sanitaria alguna.