La indignación crece dentro y fuera del Poder Judicial Federal. Las acusaciones contra el magistrado Josué Rodolfo Beristaín Cruz, integrante del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en Xalapa, han prendido fuego a un debate que muchos consideran impostergable: ¿quién vigila a los jueces cuando el poder se usa para aplastar a los propios trabajadores?

Acusan abuso directo contra trabajador con discapacidad
En el video que circula con fuerza, parte del cual www.firmas.mx ha retomado, aparece el secretario Lucio Huesca Ballesteros denunciando que, por orden del magistrado, le fueron retirados sin previo aviso los dos oficiales que apoyaban su trabajo cotidiano.

No es un detalle menor: se trata de un servidor público con discapacidad motriz que le impide teclear con normalidad, con 27 años de trayectoria y a poco más de un año de jubilarse. Quitarle a su equipo, señalan compañeros, equivale a dejarlo sin posibilidad real de cumplir.

Puertas adentro la palabra que se repite es castigo. Afuera, en redes, el término es más duro: hostigamiento.

La justicia que no mira hacia adentro

Mientras el discurso oficial presume cercanía con la ciudadanía, en los pasillos del tribunal la historia sería otra. Trabajadores describen decisiones verticales, tomadas “por sus pistolas”, sin sensibilidad frente a la condición del afectado.

La pregunta es brutal por su simpleza: si así se trata a quien ha dedicado su vida al Poder Judicial, ¿qué puede esperar el ciudadano común?

Una visita bajo sospecha

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, envió al visitador Ernesto Medina Gallardo para revisar el caso. Sin embargo, entre el personal corrió rápido otra versión: que la misión sería contener el escándalo más que investigar a fondo.

La molestia aumentó cuando se advirtió a los empleados que evitaran expresar inconformidades en redes sociales o chats privados. Para muchos, la señal fue clara: silencio o consecuencias.

El reclamo organizado

La organización Circuitos Unidos, Trabajadores del Poder Judicial de la Federación exigió la intervención inmediata de las instancias disciplinarias. No piden favores; piden reglas claras, piso parejo y respeto a la dignidad laboral.

Porque el centro del conflicto no es un trámite administrativo. Es la vida profesional de una persona que, denuncian, fue colocada deliberadamente contra la pared.

Hoy el nombre del magistrado circula con fuerza en internet. Mañana, advierten trabajadores, podría convertirse en símbolo de algo más profundo: la distancia entre el poder judicial que se proclama garante de derechos y el que, en casa, es acusado de ignorarlos.
El día que la Inteligencia Artificial falló