Ciudad de México.– Ernesto Ruffo Appel, quien hizo historia al convertirse en 1989 en el primer gobernador emanado del Partido Acción Nacional (PAN) y el primer mandatario estatal de oposición en derrotar al PRI en las urnas, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR).

La captura ocurrió en Ensenada, Baja California, como parte de una investigación federal por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando, relacionados con una red de introducción ilegal de combustibles al país, conocida como huachicol fiscal.

De acuerdo con las autoridades federales, las indagatorias apuntan a presuntas operaciones de contrabando de hidrocarburos vinculadas a una empresa fundada por el exgobernador bajacaliforniano de 74 años de edad. La FGR sostiene que existen elementos suficientes para llevar el caso ante un juez, quien determinará la situación jurídica del exmandatario.

La detención de Ruffo Appel representa uno de los episodios de mayor impacto político en los últimos años, al tratarse de una figura emblemática de la transición democrática mexicana. Su triunfo electoral en Baja California, el 1 de noviembre de 1989, marcó el inicio de la alternancia política en el país, al poner fin a décadas de hegemonía priista en los gobiernos estatales.

Durante su administración, que concluyó el 31 de octubre de 1995, Ruffo se consolidó como uno de los principales referentes del PAN y posteriormente ocupó un escaño en el Senado de la República.

Hasta el momento, la FGR no ha dado a conocer mayores detalles sobre las pruebas que sustentan la acusación ni el monto del presunto daño ocasionado por las operaciones investigadas.

Conforme al principio constitucional de presunción de inocencia, Ernesto Ruffo Appel deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia firme en su contra. El desarrollo del proceso judicial será determinante para esclarecer las acusaciones y establecer las responsabilidades correspondientes.