Por Raúl Domínguez Pinto

La postura de la gobernadora Rocío Nahle García frente al conflicto del Ingenio San Pedro, en Lerdo de Tejada, no debe leerse únicamente como una diferencia administrativa entre un gobierno y un grupo empresarial. Es, sobre todo, la expresión de un principio que la mandataria ha colocado como eje de su administración: gobernar del lado del pueblo y defender la justicia social.

Por eso la presión para que el ingenio sea entregado de inmediato no es un simple trámite burocrático. Detrás de esa exigencia están los trabajadores, los productores de caña, los transportistas, las familias y toda una región cuya economía depende de que la factoría vuelva a operar.

La gobernadora ha sido clara: no permitirá tácticas dilatorias que puedan poner en riesgo la próxima zafra. El fideicomiso está constituido, existe un esquema financiero para operar la fábrica y hay trabajadores y productores dispuestos a sacar adelante el ingenio. Lo que falta, esencialmente, es que se concrete la entrega de las instalaciones.

Y aquí es donde la posición de Nahle adquiere una dimensión política particularmente significativa.

En Veracruz no hay empresarios de primera y ciudadanos de segunda.

El poder económico no puede convertirse en una especie de fuero informal que obligue a las autoridades a caminar de puntitas, pedir permiso o rendir pleitesía. El dinero merece respeto como cualquier actividad productiva, pero no otorga privilegios frente al interés colectivo.

Dicho de manera más directa: si los señores Porres están acostumbrados a que su poder económico les abra puertas, esta vez se encontraron con una gobernadora que no está dispuesta a abrirlas si detrás de ellas está en juego el bienestar de miles de veracruzanos.

Y eso es precisamente lo que está haciendo ruido.

Porque una cosa es defender legítimamente los intereses de una empresa y otra muy distinta es que esos intereses terminen condicionando el futuro de una región completa.

Rocío Nahle no está defendiendo al Gobierno de Veracruz; está protegiendo a la gente que vive de la caña.

Está defendiendo al trabajador que necesita su empleo, al productor que necesita colocar su cosecha, al camionero que necesita transportar la caña y a las familias que durante décadas han construido su vida alrededor de la actividad azucarera.

Por eso su advertencia de acudir ante las autoridades federales y exigir que se agilice la entrega del ingenio debe entenderse dentro de esa lógica: el gobierno no puede permanecer como espectador cuando una decisión empresarial tiene consecuencias sociales de semejante magnitud.

La mandataria tampoco ha planteado que el Gobierno del Estado vaya a convertirse en administrador del ingenio. El esquema contempla la participación de trabajadores, productores y capital privado. Es decir, la intervención gubernamental busca destrabar el problema y garantizar que la actividad productiva continúe, no quedarse con la fábrica.

Ese matiz es importante.

Lo que está en disputa no es quién se queda con los reflectores, sino si el Ingenio San Pedro vuelve a moler y si la caña de la región encuentra una salida para la próxima zafra.

Por eso resulta entendible la firmeza de la gobernadora.

No se trata de pelear con los empresarios, sino de dejar claro que en Veracruz el interés de unos cuantos no puede estar por encima del de miles

Y si para hacer valer esa premisa hay que tocar puertas en la Ciudad de México, exigir respuestas a las autoridades federales y presionar para que se cumplan los acuerdos, Nahle parece haber decidido que lo hará.

Sin reverencias al poder económico.

Sin privilegios.

Sin permitir que el dinero dicte las decisiones públicas.

Las cosas como son: primero el pueblo.

Y en el caso del Ingenio San Pedro, la señal política de la gobernadora es contundente: la justicia social no puede quedarse en discurso cuando hay trabajadores y productores esperando una solución.

Bien, gobernadora Rocío Nahle, con el pueblo, hasta el final.

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