• Los vínculos empresariales revelados por Reforma exigen documentos, auditorías y respuestas de una autoridad obligada a cuidar su independencia.

Al parecer, en el entorno de Guadalupe Taddei, la distancia entre una empresa proveedora y la presidencia del INE puede recorrerse en el asiento del conductor.

La investigación de Reforma coloca sobre la mesa una relación que merece mucho más que una aclaración de trámite: Jonathan Navarrete Torres, contratado como chofer de la consejera presidenta, recibió en junio de 2023 un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg, proveedora de materiales electorales. Su incorporación al Instituto ocurrió el 15 de abril de 2025.

Un poder de representación empresarial no equivale a una sentencia por corrupción. Pero tampoco es una tarjeta de presentación olvidada en la guantera. Es un instrumento jurídico cuya vigencia, alcance y eventual revocación deben esclarecerse con documentos.

¿El INE revisó ese antecedente antes de contratarlo? ¿Navarrete informó su relación con la proveedora? ¿El poder seguía vigente cuando comenzó a trabajar para Taddei? Son preguntas elementales para una institución que administra recursos públicos y exige confianza ciudadana.

Según el diario, en su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026, el conductor reportó ingresos mensuales por 45 mil 765 pesos y su empleo anterior en Mercedes-Benz, pero no su carácter de apoderado de Zeg. Falta determinar si correspondía declararlo y si el instrumento continuaba vigente. Precisamente para eso existen las áreas de control: para revisar expedientes antes de que los periódicos tengan que hacerles la tarea.

El asunto rebasa al chofer. Reforma identifica a Jesús Octavio García González como representante legal de Zeg y Cajas Graf en 2023 y, posteriormente, como director de Administración del INE hasta abril de 2026.

Que una persona vinculada con proveedoras llegue al área administrativa del organismo comprador exige una explicación exhaustiva sobre sus funciones, sus decisiones y los controles aplicados. La sospecha no acredita una irregularidad; la ausencia de explicaciones tampoco la disipa.

La institución debería precisar si García González intervino en procedimientos relacionados con esas compañías, si declaró sus vínculos anteriores y qué medidas se adoptaron para prevenir posibles conflictos de interés. La independencia también se demuestra al administrar contratos.

El reportaje añade adjudicaciones por 32 millones de pesos en Oaxaca a Zeg y 33.9 millones en Chihuahua a Cajas Graf. En ambos casos menciona a funcionarias que después ocuparon responsabilidades dentro del INE: Iliana Araceli Hernández Gómez y Claudia Arlett Espino.

Los 65.9 millones de pesos corresponden a esos dos contratos. No prueban, por sí mismos, favoritismo ni una contraprestación por nombramientos posteriores. Sí justifican revisar cómo se adjudicaron, quiénes compitieron, qué se entregó y cuánto costó frente a otras ofertas.

Las trayectorias pueden coincidir. Los expedientes deben explicar por qué coinciden también los nombres de las proveedoras.

A ello se suman los antecedentes de investigaciones de la UIF, la ASF y la Cofece referidos por Reforma. Sin conocer sus desenlaces, sería irresponsable convertirlos en condenas. También sería cómodo tratarlos como ruido de fondo. Una autoridad diligente debe verificar qué ocurrió y si esos antecedentes afectaban la contratación de las empresas.

Luego está la BMW blindada prestada, utilizada para trasladar a Taddei cuando, según explicó, se descompuso la Captiva del Instituto.

La avería explica la necesidad de otro vehículo. No explica quién lo prestó, durante cuánto tiempo, bajo qué condiciones ni quién pagó su operación. Tampoco hay evidencia, en el material citado, para adjudicar el préstamo a Zeg o Cajas Graf. El vacío debe llenarse con información verificable.

En una autoridad electoral, aceptar un bien para el desempeño del cargo exige especial cuidado. La ciudadanía tiene derecho a conocer la procedencia de ese beneficio y los mecanismos utilizados para evitar compromisos con particulares.

Estos son visos que ameritan investigación, no un veredicto anticipado. Corresponde revisar los poderes notariales, las declaraciones, los procedimientos de contratación y las decisiones administrativas; establecer responsabilidades si las hubo y publicar los resultados.

Taddei tiene una salida institucional: responder punto por punto y permitir una revisión con independencia de su oficina. Refugiarse en generalidades dejaría intactas las dudas.

El INE sabe exigir transparencia a quienes compiten por el poder. Ahora debe demostrar que puede exigírsela a quienes tienen las llaves de su propia casa.

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