Ciudad de México.- El seguimiento de los indicadores tácticos en materia de procuración de justicia y combate a la delincuencia organizada registró un punto de inflexión con la presentación del balance consolidado sobre el combate a la extorsión en el país. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hizo pública la cifra de 2 mil 395 individuos aprehendidos e imputados judicialmente por su probable responsabilidad en actos de extorsión y cobro de piso durante el periodo operativo comprendido de julio de 2025 a octubre de 2026.

El análisis criminológico y técnico presentado por la SSPC pondera el impacto de la Estrategia Nacional contra la Extorsión como un modelo integral que combina el análisis de datos, el rastreo de redes financieras y el despliegue territorial focalizado. De acuerdo con las autoridades federales, la estrategia ha permitido pasar de un enfoque puramente reactivo a un sistema proactivo sustentado en unidades de inteligencia capaces de mapear la estructura de las organizaciones dedicadas al chantaje comercial y personal en las regiones prioritarias.

Uno de los pilares fundamentales resaltados por el titular de la cartera de seguridad reside en la optimización de los mecanismos de recepción y procesamiento de la denuncia ciudadana. La implementación de líneas telefónicas seguras, plataformas digitales de reporte confidencial y la canalización inmediata hacia unidades especializadas anti-extorsión de las fiscalías locales han permitido elevar la tasa de efectividad judicial, asegurando que las denuncias deriven en investigaciones sólidas y resoluciones judiciales de prisión preventiva.

Asimismo, el informe puso de relieve el nivel de coordinación alcanzado entre las fuerzas federales y las dependencias de seguridad y procuración de justicia de las 32 entidades federativas. Las operaciones conjuntas han permitido intervenir células delictivas que operaban dentro de centros penitenciarios, desde donde se coordinaban llamadas extorsivas, así como grupos criminales que ejercían coerción física contra comerciantes en mercados públicos, rutas de transporte y zonas agrícolas.

Para concluir, la SSPC reiteró que la evaluación continua de la estrategia nacional permitirá ajustar las acciones operativas conforme varíen los patrones de comportamiento de los grupos delictivos. Las autoridades federales aseveraron que la meta a mediano plazo consiste en consolidar la neutralización definitiva de las bandas dedicadas al cobro de piso, salvaguardando la estabilidad comercial, el empleo y la economía de las distintas regiones de la geografía nacional.