Raquel Buenrostro, Directora General del SAT.

El portal, especialista en finanzas y mercados www.sentidocomun.com.mx publica que el Servicio de Administración Tributaria alertó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre contribuyentes que emitieron comprobantes de operaciones inexistentes por 339 mil millones de pesos (18 mil 226 millones de dólares).

El sitio web -con mucho futuro en materia de información financiera- sustenta que a través de un comunicado, el SAT explica que “Este esquema de “operaciones de factureras” involucra a 977 contribuyentes en diversos estados de la República durante los ejercicios fiscales de 2017 a 2019, por lo que el SAT pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto Castillo que “realice las medidas cautelares que haya lugar”.

TOLUCA, México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales FEPADE, dicto la conferencia magistral “Los Delitos Electorales y las Elecciones Extraordinarias”, y firma convenio en materia de capacitación, con el presidente consejero del IEEM, Pedro Zamudio Godínez. Agencia MVT / José Hernández.

Las autoridades financieras obtuvieron a partir de este año nuevas herramientas para perseguir y congelar los bienes de los contribuyentes que emitan o compren facturas para simular operaciones, algo que ha sido equiparado como delincuencia organizada.

“El SAT recuerda a los ciudadanos que el uso indebido de esquemas de simulación como la facturación falsa y la inexistencia de operaciones, a fin de evadir sus obligaciones fiscales, son prácticas que desembocan en conductas irregulares que conllevan a una consecuencia legal que puede derivar incluso en tipología penal”, dijo la dependencia, que es encabezada por Raquel Buenrostro.

Esta no es, sin embargo, la primera vez que el gobierno mexicano abre un nuevo frente contra este tipo de contribuyentes. Desde 2014, tras una reforma hacendaria, el SAT comenzó a publicar listados con las empresas que expedían facturas con operaciones inexistentes, en esa entonces el esquema de evasión era denominado como ‘Operación carrusel’.

Solo que, durante la administración pasada, la estrategia del SAT y las penas por este delito no disuadieron a los defraudadores. De 2008 a 2012, el monto por este tipo de operaciones ascendió a 105 mil millones de pesos, mientras que para 2018, esta cantidad era por 1.6 billones de pesos, lo que implicó un crecimiento de 15 veces en un lapso de seis años.

Por ello, para algunos especialistas como Luis Curiel, socio del despacho Ortiz, Sosa y Asociados, que se especializa en asesoría y litigio fiscal, la detección de estas empresas que presuntamente defraudaron al fisco por una cantidad multimillonaria no es resultado de estos cambios que recién entraron en vigor apenas este año.

“Esa investigación [contra las factureras] apenas la van a empezar a implementar”, dijo Curiel, en entrevista telefónica. Este último golpe “es más bien producto de los esfuerzos que ha venido haciendo el SAT desde 2014 para combatir este flagelo”.

A finales de 2019, el Congreso impulsó una serie de cambios en las leyes para combatir la emisión y compra de facturas para reportar operaciones inexistentes, así como la defraudación fiscal, el cual se elevó a un tema de seguridad nacional.

Poco antes de que entraran en vigor estos cambios, a partir de 2020, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda y Crédito Público, dijo que se logró una recaudación adicional de más de dos mil millones de pesos, debido a que siete empresas se acercaron al SAT para reconocer la compra de facturas y pagaron los impuestos omitidos.

El conjunto de leyes que entraron en vigor a partir de este año equipara la compra o venta de facturas falsas como delincuencia organizada y determinó que la defraudación fiscal será considerada ante las autoridades como delito grave, por lo que será causal de prisión preventiva.

Además, facilita a la autoridad fiscal confiscar bienes relacionados con estos delitos.

Estos cambios sacudieron a la cúpula empresarial, quienes, por más que dialogaron con el gobierno, no consiguieron que se modificara la iniciativa.

Poco antes de su promulgación, el Consejo Coordinador Empresarial –el principal organismo interlocutor del sector privado con el gobierno– dijo en un comunicado que la ley abonaría al clima de incertidumbre para las inversiones “frente a los actos arbitrarios de las autoridades que pondrían en peligro la integridad y los activos de las personas”.   

Ante estos reclamos, Herrera insistió que estas nuevas herramientas permitirían al SAT perseguir sólo a los contribuyentes que sistemáticamente emitan o adquieran facturas para reportar operaciones inexistentes.

Aunque el gobierno ha presumido estos esfuerzos, falta por ver si la estrategia da resultado sin disuadir las inversiones de la cúpula empresarial.

Con información de Sentido Común.