Sus 40 propiedades “intocables”.  Por acuerdo con la PGR,  libró el delito de delincuencia organizada. 

El Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México confirmó la sentencia de nueve años de prisión impuesta a Javier Duarte, desde 2018, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

La magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tribunal, consideró que el proceso penal en el que el exgobernador de Veracruz aceptó declararse culpable fue legal.

No obstante, la magistrada revocó el decomiso de más de 40 propiedades supuestamente ligadas a Duarte que se había ordenado como parte de la condena, pues señaló que se trata de bienes de otros procesados que aún no son condenados, y por lo tanto debe esperarse hasta el cierre total de caso.

Esta resolución del Tribunal federal es resultado de una apelación que Duarte promovió en contra de la sentencia condenatoria que se le dictó desde el 26 de septiembre de 2018. El procedimiento se alargó más de un año debido a que el exgobernador tuvo que recurrir a un amparo para que se le permitiera solicitar la revisión del procedimiento.

Originalmente Duarte fue sentenciado en una audiencia preliminar, en la que el exgobernador priista se declaró culpable y renunció a su derecho de ir a un juicio, en lo que se conoce como “procedimiento abreviado”. A cambio, consiguió que se le dictara la pena mínima y que, gracias a un acuerdo previo con la PGR, se le retirara el delito más grave que era el de delincuencia organizada.