El freno a las inversiones, la incertidumbre jurídica regulatoria y la violación al T-MEC serían efectos negativos que se tendrían si estos organismos fueran controlados por dependencias federales, advierten expertos y el CCE

La posibilidad de que órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sean ‘absorbidos’ por las secretarías de Estado, representaría un retroceso en materia de regulación, evaluación y control, coincidieron diversos expertos.

El jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que enviará esa iniciativa de reforma al Congreso.

Al respecto, Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce (ICC), señaló que llevar a los órganos autónomos al seno de las secretarías de Estado significaría convertirlos en unos órganos políticos, por lo que perderían la razón de ser por la que fueron creados que es “tomar decisiones técnicas”.

Destacó dos casos de éxito: la Cofece, que ha supervisado concentraciones económicas o de mercado por más de 13 billones de pesos, y ha logrado beneficios por aplicación de la ley que ascienden a los 20.5 millones de pesos. Además, ha impuesto multas superiores a los 6 mil millones de pesos; y el IFT, que desde su creación, ha logrado reducir los precios de los servicios de telecomunicaciones en 27 por ciento y en el caso de los servicios móviles hasta 44 por ciento, lo que implica ahorros por 425 mil millones de pesos en beneficio de los consumidores.

Expertos critican iniciativa

Carlos Mena, especialista en competencia económica, indicó que tanto la Cofece como el IFT han demostrado una enorme aportación a la economía y al bolsillo de los consumidores, debido a su fortaleza institucional.

Agregó que las agencias reguladoras independientes aseguran que los compromisos de estabilidad regulatoria para la inversión sean creíbles, y que de esta forma, los empresarios puedan tener reglas claras para poder invertir.

“México se ha comprometido a nivel internacional, a través de tratados y otros instrumentos, a tener reguladores independientes de competencia, telecomunicaciones, energía”, señaló.

En tanto, Eduardo Pérez Motta, socio de la firma SAI Derecho & Economía, resaltó la importancia de la autonomía.

“Los órganos reguladores deben de ser de carácter técnico, la única lealtad que deben tener los comisionados y miembros de autoridades es al mandato de la ley porque así es como generan confianza que requieren los mercados para poder operar eficientemente. Su único trabajo es hacer cumplir la ley, no hacer política”, aseveró.

Detalló que si el Presidente quiere hacer modificaciones en este tema, no bastará con una ley administrativa, sino que tendrá que reformar la constitución.

Al respecto, la iniciativa privada manifestó que la idea del Gobierno por debilitar o eliminar a organismos autónomos genera incertidumbre para invertir.

“La concentración del poder, la eliminación de controles y del conocimiento técnico especializado no contribuirán nunca a alcanzar resultados positivos en ninguna de las áreas reguladas actualmente de forma autónoma”, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un comunicado.

Javier Juárez Mojica, comisionado del IFT, comentó que regresar al órgano regulador a la SCT implicaría un retroceso de 25 años.

“El diseño regulatorio de hoy es resultado de décadas de evolución, regresar estas funciones a una secretaría de Estado implica un retroceso de 25 años al menos”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Recordó que parte del trabajo del IFT ha sido desaparecer el roaming, realizar licitaciones de radio y televisión, y actualmente los programas de Aprende en Casa.

Por su parte, Irene Levy, especialista del sector, advirtió que la propuesta del gobierno federal implicará una reforma constitucional y sería violatoria del T-MEC, en momentos en que, además, ya se desapareció una subsecretaría.

“López Obrador está arremetiendo contra el IFT, dice que la SCT absorberá sus atribuciones (…) Acaba de acusar a los comisionados del @IFT_MX de corruptos diciendo que están vinculados con los preponderantes y las empresas extranjeras. ¿Qué dirán los comisionados?”, comentó en su cuenta de Twitter.

Adolfo Cuevas, comisionado presidente interino del IFT, explicó que el planteamiento de cambiar el funcionamiento del instituto implicaría una reforma constitucional, además de que la existencia de un regulador independiente fue pactada por el gobierno de México en el T-MEC.

Destacó que desde la creación del IFT a la fecha ha aumentado la penetración de servicios y disminución en los precios.

Jorge Fernando Negrete, director de Digital Policy Law, dijo que la propuesta en lugar de ahorrar dinero, se traduciría en caídas en inversión y pondría un precio al derecho constitucional de los usuarios como el acceso al internet.

“Estaríamos ante la tontería más grande de detener las inversiones por la incertidumbre que va a generar la nueva ley”, comentó.

Arturo Robles, comisionado del IFT, dijo que como funcionario del organismo está abierto al diálogo con el gobierno y a seguir con el plan de austeridad, pues el presupuesto del instituto ha tenido una tendencia a la baja de 38 por ciento.

Agregó que este tipo de anuncios genera incertidumbre para las inversiones y más en un contexto en donde se necesitan para hacer frente a la crisis sanitaria..

Es para ahorrar y ser eficientes: AMLO

El nuevo paquete de iniciativas de reforma a la Constitución para la modificación de organismos autónomos, desconcentrados y descentralizados sería enviado al Congreso de la Unión de cara al nuevo periodo legislativo previsto para el 15 de enero, anunció el jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre el paquete de iniciativas para “ajustar el marco legal a la nueva realidad” estaría la revisión del marco legal para modificar además de Cofece y el IFT, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); órganos desconcentrados como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), o descentralizados como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, o el Centro Nacional de Control de Energía.

Para ello, convocó para el lunes próximo una reunión de gabinete para revisar el funcionamiento de los entes.

El jueves, el titular del Ejecutivo ubicó bajo la misma lógica a una serie de organismos, que, aunque cuentan con aspectos técnicos diferentes, representarían espacios de decisión y que –a su decir– representan gasto de recursos públicos.

“Tenemos que revisar estos aparatos administrativos, su función, para que no haya duplicidad porque necesitamos ahorrar, ser eficientes, no tener tantos aparatos que consuman de presupuesto”, anunció.

En principio, el Presidente mencionó que se revisarán los convenios con las empresas de energías limpias, “para el marco legal”.

Se refirió al Sipinna, que depende de Gobernación, y que podría ser parte del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF).

También mencionó al IFT, cuyos comisionados, dijo, “si me los encuentro en Palacio no los identifico”.

“De cuando se creó a la fecha ¿ha hecho una muy buena labor?, o sea, ¿qué?, ¿ese trabajo no lo podría hacer la Secretaría de Comunicaciones? (…) tienen más injerencia los actores preponderantes que el Presidente”, enfatizó.

Explicó que este organismo tiene un presupuesto de mil 500 millones de pesos anuales, mientras que con la desaparición órganos como el INAI, Cofece, el IMPI y  Sipinna, el ahorro sería de hasta 20 mil millones de pesos.

Sobre el INAI insistió: “¿no puede pasar esa función a la Secretaría de la Función Pública o a la Auditoría Superior de la Federación o a la Fiscalía Anticorrupción?”.

Finalmente, planteó que nadie ganará más que el Presidente: “vamos a enviar una iniciativa para que se convierta en decisión de Estado, y que los legisladores vean si van a seguir permitiendo estas cosas”