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¿Y que cargos podrían enfrentar los asaltantes del Capitolio? Entérese aquí

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Al momento de redactar este texto, han sido más de 80 las personas detenidas por su presunta participación en el insólito asalto a la sede del Congreso de EE. UU. el 6 de enero. Entre los arrestados se encuentra el hombre que fue fotografiado cargando el atril de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otro, quien durante la irrupción en la sede del poder Legislativo se sentó en el despacho de la líder demócrata.

Durante este este fin de semana, las autoridades investigan y detienen a más personas acusadas de participar en los insólitos actos contra la sede del Legislativo de Estados Unidos en los que murieron cinco personas, cuatro civiles y un policía del Capitolio.

Entre el viernes, sábado y domingo, las autoridades confirmaron que sumaron más arrestos a los cerca de 80 que ya habían sido puestos a disposición de la Justicia.

El FBI detuvo en Arkansas a Richard Barnett, un hombre de 60 años, quien se hizo famoso tras hacerse virales imágenes en las se ve sentado frente al escritorio de la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. 

Barnett se entregó a las autoridades en el condado Benton y permanece en el Centro de Detención del Condado de Washington en las cercanías de Fayetteville, Arkansas, sin fianza y a la espera de una comparecencia inicial ante la Justicia, según informó un portavoz de la agencia federal de investigaciones.

El detenido afronta tres cargos federales: entrar o permanecer premeditadamente y sin autorización en terrenos restringidos; entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio; y robo de propiedad o registros públicos, este último por presuntamente llevarse la correspondencia de la legisladora luego de posar en las fotografías, según indicó Ken Kohl, el principal fiscal federal adjunto en Washington. Si es declarado culpable, enfrenta hasta un año de privación de su libertad en una prisión federal.

Entre los últimos detenidos también está Adam Christian Johnson, de 36 años, cuyas imágenes cargando el atril de la legisladora Nancy Pelosi dieron la vuelta al mundo. Johnson fue arrestado con una orden federal e ingresado en la cárcel del condado de Pinellas. Fue rápidamente identificado en las redes sociales y encontrado en Parrish, una comunidad a unos 40 kilómetros al sur de Tampa, Florida. Este 11 de enero fue liberado tras firmar una orden de fianza de 25 mil dólares que no tendrá que pagar a menos que incumpla alguna de sus citaciones judiciales.

El viernes también había sido capturado Derrick Evans, legislador estatal republicano de Virginia Occidental, quien está acusado de ingresar a un área restringida del Capitolio, luego de que apareciera en imágenes de video ingresando al edificio con una multitud de simpatizantes del presidente Donald Trump.

Evans, de 35 años, compareció ante un juez federal en Huntington, Virginia Occidental, el viernes por la tarde después de ser arrestado. Si es declarado culpable, enfrenta hasta un año y medio en una prisión federal por dos delitos menores: ingresar a un área restringida y alteración del orden público.

Al menos 13 de los detenidos están acusados en un Tribunal Federal y 40 en una Corte Superior

Según un comunicado del Departamento de Justicia, entre los más de 80 arrestados, al menos 13 enfrentan cargos en un tribunal federal del Distrito de Columbia por delitos relacionados con la invasión al Capitolio.

“La destrucción ilegal del edificio del Capitolio de Estados Unidos fue un ataque contra una de las instituciones más importantes de nuestra nación. Mi oficina, junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en todos los niveles, han estado trabajando rápidamente y aprovechando todos los recursos para identificar, arrestar y comenzar a procesar a estas personas (…) cualquiera que pueda estar considerando participar o incitar a la violencia en las próximas semanas, debe saber esto: será procesado con todo el peso de la ley”, dijo el fiscal federal interino Michael Sherwin.

Además, al menos otros 40 ciudadanos están acusados ante la Corte Superior de Washington D.C., por entrada ilegal en una propiedad pública.

“Los cargos de hoy son solo el comienzo de los esfuerzos continuos del FBI para judicializar a los responsables de los actos criminales de violencia y destrucción que se desarrollaron durante la violación del edificio del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. Para ser claros, lo que ocurrió ese día no fue una actividad protegida por la primera enmienda (que protege la libertad de expresión de los ciudadanos), sino una ofensa a nuestra democracia”, aseguró por su parte el director del Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, Christopher Wray.

Los fiscales también se encuentran estudiando pruebas para posiblemente añadir cargos por violación al toque de queda, que fue decretado ese mismo miércoles a partir de las 6 p.m., hora local, tras los disturbios.

Asimismo, algunos de los acusados ​​ante el distrito federal y los tribunales superiores han sido señalados ​​por delitos relacionados con armas, pues existen leyes federales que prohíben portar un arma en el Capitolio y poseer un arma de fuego no registrada o municiones sin licencia en el Distrito de Columbia.

Las investigaciones priorizarán la identificación de los responsables de la muerte de un policía del Capitolio

Por otra parte, y según afirmó Matt Jones, ex fiscal federal en Washington, una de las prioridades de las fuerzas del orden será identificar a cualquier persona responsable de la muerte del oficial de policía del Capitolio, Brian Sicknick, quien murió el pasado jueves a causa de las heridas que recibió en el asalto. Quien o quienes sean hallados responsables, les serían imputados cargos por asesinato u homicidio involuntario.

Entre tanto, Jay Town, ex fiscal federal para el distrito norte de Alabama, dijo que los manifestantes que simplemente estaban presentes en la sala cuando ocurrió la muerte de Sicknick tienen menos probabilidades de ser acusados.

“Para asignar culpabilidad más allá del agresor real, o de aquellos que los ayudaron o instigaron, normalmente se requeriría una prueba de que otras personas sabían que la comisión de sus actos criminales probablemente podría conducir a la muerte o lesiones corporales graves”, explicó Town.

Algunos expertos legales también indican posibilidades de cargos por sedición, ya que la ley federal prohíbe conspirar para “derrocar, sofocar o destruir por la fuerza” al Gobierno de Estados Unidos. Otros señalan que las imágenes subidas a las redes sociales durante el asalto podrían ser determinantes en la investigación, así como en las posteriores sentencias.

Con información de France24, ABC News, Miami Herald, AP y Reuters.

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