Integrantes de varias organizaciones de la sociedad civil, dedicadas a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos, así como personalidades del ámbito académico y profesionales, exigieron que el Congreso de Veracruz, derogue el Decreto Número 848, que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Veracruz, entre ellas, el delito de ultrajes a la autoridad.

Durante una rueda de prensa que se realizó vía Zoom, se dio lectura al pronunciamiento que fue dirigido al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, y a la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, donde advirtieron que la Reforma al Código Penal en Veracruz del 11 de marzo de 2021, impacta negativamente en el ejercicio de diversos derechos humanos y propiciando la criminalización de la protesta social, el disenso y el libre ejercicio de la libertad de expresión.

“Solicitamos al Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz derogar los delitos de ultrajes a la autoridad y delitos contra las instituciones de seguridad pública, contenidos en los artículos 331 y 371, por contravenir estándares nacionales e internacionales, impactando negativamente en el ejercicio de diversos derechos humanos y propiciando la criminalización de la protesta social, el disenso y el libre ejercicio de la libertad de expresión”, comentó.

Recordaron que el pasado 11 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial el decreto número 848, mediante el cual se reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Veracruz, reformando el tipo penal de ultrajes a la autoridad y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

María Adriana Fuentes Manzo, coordinadora del Área Jurídica de Equifonía A.C., citó como ejemplo el artículo 331 señala que se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de 10 a 40 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien amenace o agreda a un servidor público, en el momento de ejercer sus funciones.

Además de las sanciones anteriores, se le aplicará al responsable de este delito, de cinco a siete años de prisión, cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos, se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos, se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima, que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos, en la comisión del delito o que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.

Mientras que el artículo 371 impone entre 7 y 15 años de prisión y multa de 400 a 800 UMAS, a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de seguridad pública o estatal, en el momento de ejercer sus funciones, de tal manera que en razón del arma empleada de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle como resultado lesiones o muerte.

Dicha reforma ha sido ampliamente analizada por académicas y académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), y el pasado 17 de marzo, fue enviada una carta pública al Congreso del Estado, a los medios de comunicación y a la opinión pública, donde se señala que la redacción de la misma, resulta vaga e imprecisa y carente de toda técnica legislativa, significando una criminalización de conducta, ocasionando una interpretación indebida y arbitraria, tanto por los operadores de investigación como por autoridades judiciales.

Las organizaciones civiles que firman este pronunciamiento, aseguran haber documentado los casos de ultraje a la autoridad, que han sido utilizados para restringir la labor periodística, el ejercicio de la protesta y el derecho a la libertad de expresión, por lo que esta reforma al código penal veracruzano, posibilita el uso arbitrario de este tipo penal, no solo contra la labor periodística sino contra cualquier persona.

Citó que del año 2009 al 2020, el Artículo 19, documentó 491 agresiones contra la prensa en Veracruz, colocándola como la segunda entidad a nivel nacional, más violenta contra la prensa, tan solo por debajo de la ciudad de México, así mismo es el estado, donde se han asesinado a más periodistas en el país, con un total de 30.

De acuerdo al análisis del doctor Víctor Manuel Andrade Guevara, integrante del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana (UV), la Secretaría de Seguridad Pública, es la segunda dependencia del poder ejecutivo, con más recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en lo que se refiere al año 2020, solo por debajo de la Fiscalía General del Estado, toda vez que de las 173 recomendaciones emitidas, 26 corresponden a la entidad veracruzana.

“La mayoría están relacionadas con detenciones injustificadas o tortura, indica además que la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, menciona que el 2020, ha sido el año que el mayor número de recomendaciones ha emitido desde el 2011 a la fecha”, comentó.

Con respecto a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el estado de Veracruz ocupa el segundo lugar en cuanto a recomendaciones emitidas por abusos policiacos, con 129, sólo por debajo del estado de Guanajuato.

“Estas condiciones exigen que las normas impulsadas por el Congreso del Estado, deban ser pendientes a garantizar derechos humanos y proteger a la ciudadanía, y no como en este caso que se ha creado una legislación penal, que faculta a las autoridades a cometer mayores arbitrariedades, violaciones a los derechos humanos, y dejando un amplio margen de discrecionalidad e interpretación para la aplicación de la ley penal, lo que trastoca no solo contenidos esenciales del derecho penal, sino también del derecho constitucional”, comentó.

En este sentido, las organizaciones firmantes como Artículo 19, oficina regional para México y Centroamérica, Colectivo Akelarre A.C., Colectivo Mandrágora, Equifonía Colectivo por la Ciudadanía y Autonomía y Libertad de las Mujeres A.C., Grupo de Trabajo Gestión Social, Derechos Humanos y Ciudadanía, integrado por académicos de la Facultad de Sociología, Movimiento de Apoyo a Niños, Niñas y Trabajadores de la Calle, Matraca A.C., Programa Universitario de Video Ética de la UNAM, Bioética A.C., Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, Cadena de Derecho Penal y Derecho Constitucional dela Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), Caminos del Buen Vivir A.C., Radio Teocelo, Compromiso México Transparencia A.C., Movimiento Civil Independiente, entre otras.

En conjunto están solicitando la derogación del tipo penal de ultrajes a la autoridad, previsto en el artículo 331, así como el artículo 371, relativo a los delitos contra las instituciones de seguridad pública, ambos del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Veracruz.

También se exige cumplir con el principio de legalidad, al legislar en lo presente y fututo, cualquier tipo penal, con la finalidad de que se describa de forma clara, sin imprecisiones, que permita la arbitrariedad o interpretaciones en su ampliación por los operadores del sistema de justicia penal.

Exigen derogar reforma al Código Penal en Veracruz sobre delito de ultrajes
Mientras que a la CEDH, diputados y diputadas locales, que presenten con base en sus atribuciones constitucionales, la acción de inconstitucionalidad en tiempo y forma, para superar la cuestión de inconstitucionalidad y violación a derechos humanos que propicia la norma penal multicitada.

Y por último, se pide un dialogo respetuoso y abierto, a través de un modelo de parlamento abierto, donde se escuchen las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y la ciudadanía, para que sean considerados coadyuvantes para realizar acciones conjuntas con las autoridades que correspondan, con respecto a esta reforma, incluido el ejercicio de acciones de inconstitucionalidad, o en los trabajos para la eventual derogación de la misma.

Por último, Sidney Ernestina Marcos Escobar aseguró que a la fecha no han recibido respuesta del Congreso Local de Veracruz, con respecto al pronunciamiento que fue enviado.