Jorge Carreño F./Agencia InfoRed

Más allá de acusar a la Secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), Dorheny García Cayetano, de su destitución como presidenta de la Junta Especial número 16 de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Coatzacoalcos, María Guadalupe Alejandro Fernández, debe admitir que aplicaba la ley a su antojo.. Era en pocas palabras, una vivales.

Como se ha podido investigar, derivado de laudos laborales en contra del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, la dama en referencia no tuvo empacho en ordenar en septiembre pasado, el bloqueo de cuentas bancarias del referido plantel, reteniendo más de millón y medio de pesos.

Y es que, pasándose la ley por salva sea la parte, Guadalupe Alejandro, incurrió en presunto desacato, toda vez que cuando ordenó el bloqueo de cuentas bancarias -septiembre 2022- el ITSA ya contaba con la protección de la Justicia Federal.

El argumento fundamentado, de parte de los abogados del campus Acayucan del Tecnológico Nacional de México, fue avalado por un Juez Federal, ya que lo que la ex funcionaria pretendía, era afectar la nómina de los más de 300 trabajadores, tal como ocurrió, olvidando que el dinero para sueldos es sagrado, aquí y en China.

La tipa de marras fortaleció su modus vivendi con la emisión de laudos, resoluciones y acuerdos, dependiendo las “motiva$iones” de la parte patronal u obrera, demostrando en todo momento que la legalidad y la justicia laboral, le valían una pura y dos con sal.