*Ayuntamientos veracruzanos contrajeron compromisos crediticios por 2 mil 762 millones de pesos en 2022 

En el cierre del año 2022, los 212 municipios de Veracruz enfrentaron una situación financiera alarmante al acumular una deuda que supera los 2.5 mil millones de pesos, según el reciente informe “Hablemos de deuda” publicado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).

El estudio, enfocado en el análisis de la “deuda subnacional” contraída por gobiernos locales en estados y municipios, arrojó luz sobre la crítica situación de endeudamiento que afecta al estado de Veracruz. A diferencia de la “deuda nacional”, que se atribuye al gobierno central del país, la “deuda subnacional” recae en las entidades locales. El IMCO evaluó minuciosamente la situación financiera de Veracruz y determinó que al cierre de diciembre de 2022, la deuda total ascendía a 46 mil 817 millones de pesos corrientes.

Dentro de este monto, un 94 por ciento correspondió a pasivos a nivel estatal, mientras que un 5.9 por ciento se atribuyó a los municipios. Concretamente, los ayuntamientos veracruzanos asumieron una deuda de 2 mil 762 millones de pesos, según los hallazgos del informe del IMCO.

En el contexto nacional, Veracruz se posiciona como uno de los estados con la mayor carga financiera en cuanto a sus municipios. Aunque ligeramente por debajo de otras entidades como Jalisco, que acumuló una deuda municipal de 5 mil 440 millones de pesos, el estado de Veracruz mostró una situación igualmente preocupante. Otros estados con niveles considerables de deuda municipal incluyeron al Estado de México con 4 mil 981 millones, Sonora con 4 mil 696 millones, Nuevo León con 4 mil 209 millones y Baja California con 4 mil 156 millones.

Este informe del IMCO pone de manifiesto la necesidad de una gestión financiera más efectiva y transparente por parte de los gobiernos locales en Veracruz, así como en todo México. Las cifras alarmantes de deuda subnacional subrayan la urgencia de adoptar medidas adecuadas para abordar esta problemática y garantizar un futuro financiero más estable para las comunidades locales.