Este viernes, la Fiscalía de Perú solicitó una pena de 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, acusándolo de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El Ministerio Público argumenta que Castillo fue responsable del fallido autogolpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

Estas graves acusaciones reflejan un capítulo tenso en la política peruana, marcado por la lucha contra presuntas violaciones a la democracia. La noticia resalta la importancia de la estabilidad institucional y el imperio de la ley en la nación sudamericana.