La región fronteriza entre Chiapas y Guatemala se ha convertido en un campo de batalla donde grupos criminales ejercen control sobre las principales ciudades, carreteras, y el comercio. La violencia en la zona ha alcanzado niveles alarmantes, con enfrentamientos entre cárteles, ataques a militares y desplazamientos masivos de la población.

En localidades como Chicomuselo, los enfrentamientos entre el “Cártel de Chiapas y Guatemala”, compuesto por exintegrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y el Cártel de Sinaloa, han sumido a la región en un estado de caos. Estos grupos disputan el control del territorio y, particularmente, el dominio sobre las minas locales, que pagan cuotas semanales a los criminales para poder operar.

Los narcobloqueos y la violencia han provocado que comunidades enteras se conviertan en pueblos fantasmas, mientras que en otras, los habitantes realizan compras de pánico de alimentos y gasolina. Los comercios han cerrado sus puertas, y las calles permanecen desiertas bajo la constante amenaza de la violencia.

La situación ha forzado a familias enteras a huir en caravanas hacia Tuxtla Gutiérrez, buscando escapar de las balaceras y los ataques con drones que han tenido como blanco incluso a las fuerzas militares. En algunos casos, los criminales han limitado la venta de gasolina para evitar el desplazamiento de la población.

Desapariciones y crisis humanitaria

La violencia también ha provocado un alarmante aumento de desapariciones. En los últimos dos meses, se han registrado 137 personas desaparecidas en la zona serrana de Chiapas, con 25 casos tan solo en agosto, según la Comisión Nacional de Búsqueda. Entre los desaparecidos se encuentran familiares de Mario Roldán Roblero, miembro del Consejo Central de Lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes fueron reportados como desaparecidos en Comitán mientras se dirigían a una audiencia judicial.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha alertado sobre el desplazamiento forzoso de comunidades indígenas, documentando que 21 mil personas han sido desplazadas en Chiapas en los últimos dos años. La organización también denunció el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado y la criminalización de movimientos sociales.

La negligencia y la impunidad de los gobiernos estatal y federal han sido señaladas como factores que han permitido la normalización de la violencia y la crisis humanitaria en la región. La situación en Chiapas es una muestra de la grave crisis de seguridad y derechos humanos que enfrenta el estado, exacerbada por el control territorial de grupos criminales y la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades.