Raúl Domínguez/FirmasMx

La corrupción en los subsistemas de educación tecnológica y superior de Veracruz no es un fenómeno nuevo, pero sí un cáncer que había sido tolerado por años bajo la complicidad de funcionarios que, lejos de atender las necesidades de estudiantes y académicos, convirtieron a las instituciones en cajas chicas personales.

La inoperancia de la secretaria de Educación, Claudia Tello Espinosa, permitió que directivos en universidades y tecnológicos “pusieran de moda” prácticas de corrupción que iban desde desvíos presupuestales, malos manejos administrativos y favoritismos, hasta decisiones que afectaban directamente la calidad educativa. Ante ese vacío de autoridad, tuvo que ser la propia gobernadora Rocío Nahle García quien interviniera de manera directa y contundente.

Está semana, Nahle ordenó la remoción de titulares en cinco instituciones estratégicas: los tecnológicos de Xalapa, San Andrés Tuxtla y Misantla, así como la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y el Conalep. Una sacudida necesaria para enviar un mensaje claro: la corrupción ya no tendrá cabida en Veracruz, ni siquiera bajo el cobijo de secretarías que no cumplen con su responsabilidad de vigilar y sancionar.

El caso más emblemático es el del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, donde Omar Romero Sandoval dejó tras de sí un historial de irregularidades denunciadas por maestros, administrativos y alumnos. Romero, señalado como operador eficaz de esquemas de saqueo en otros planteles como Naranjos, Huatusco y Zongolica, convirtió cada encargo en un espacio para el lucro personal, en detrimento de la educación y el futuro de cientos de jóvenes.

La decisión de sustituirlo por Sidney René Toledo es una apuesta no solo administrativa, sino moral: limpiar la institución de una red de corrupción que había minado la confianza en la educación tecnológica.

Lo cierto es que la acción de Rocío Nahle no es aislada Es una señal de mano firme, de autoridad que no se dobla frente a las redes enquistadas en la burocracia. El golpe ha sido claro: si la Secretaría de Educación no puede —o no quiere— poner orden, lo hará la Gobernadora. Y lo hará sin titubeos.

En un Veracruz donde la educación es clave para el desarrollo social y económico, tolerar la corrupción es condenar el futuro. Por eso, la intervención de Nahle marca un parteaguas: o se limpia de raíz el sistema educativo, o se perpetúan los vicios del pasado.

Hoy, el mensaje es inequívoco: en Veracruz, la corrupción ya no está de moda.