Un presunto daño patrimonial por 10 millones 737 mil 497 pesos y la desaparición de más de 400 computadoras y mobiliario al interior de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), configuran un nuevo capítulo de opacidad y desaseo administrativo que marca la gestión del anterior titular de esta dependencia, Zenyazen Escobar, hoy amparado en el fuero, como diputado federal.

El hallazgo, documentado en la Cuenta Pública 2024 por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), exhibe un manejo desordenado, posiblemente negligente —o incluso doloso— de los recursos públicos destinados a mejorar las condiciones del sistema educativo estatal.

Tecnología y mobiliario “fantasma”

La inspección física realizada por ORFIS no dejó lugar a dudas: 466 bienes adquiridos con recursos públicos no fueron localizados en las áreas donde debían estar registrados. La lista incluye:

• Casi 300 computadoras portátiles, con un valor estimado entre 10 mil y 17 mil pesos cada una.

• Más de 100 equipos de escritorio, valuados en 28 mil pesos por unidad.

• Mobiliario administrativo como escritorios, sillas y sistemas modulares, algunos con precios superiores a los 100 mil pesos.

A pesar de la magnitud del faltante, la SEV no presentó los resguardos correspondientes, ni documentos que acreditaran la ubicación, uso o destino final de los equipos. El ORFIS fue tajante: “La información proporcionada fue insuficiente para solventar la observación”.

La omisión no es menor. Cada uno de estos equipos representa un recurso adquirido con dinero público para el fortalecimiento de las escuelas y oficinas educativas. Su ausencia no sólo implica un desfalco, sino también un retroceso en las condiciones tecnológicas y operativas del sector educativo.

Una gestión marcada por la opacidad

Más allá del inventario desaparecido, el dictamen del ORFIS revela un patrón de irregularidades fiscales y omisiones administrativas graves:

• La SEV no comprobó el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido durante varios periodos.

• No se acreditaron acciones correctivas contra los servidores públicos responsables de estas omisiones.

• Tampoco se notificó al Órgano Interno de Control ni se presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado, como lo exige la normatividad vigente.

La dependencia, en pocas palabras, incumplió con su deber de transparencia y rendición de cuentas, dejando sin respuesta a la autoridad fiscalizadora y a la ciudadanía.

El Congreso tiene la palabra

Este cúmulo de inconsistencias será analizado próximamente por el Congreso del Estado como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2024. En juego está no solo la posible imposición de responsabilidades administrativas o resarcitorias, sino también la eventual actuación de la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

En este sentido, el ORFIS ya ha advertido que de no solventarse las observaciones, se procederá conforme a derecho, lo que podría derivar en procesos penales y administrativos contra exfuncionarios de la SEV.

¿Descuido o corrupción?

La magnitud del daño y la cantidad de irregularidades detectadas hacen inviable la hipótesis de un simple descuido. El nivel de desorganización, la falta de controles internos y la nula respuesta institucional apuntan a una estructura permisiva, cuando no cómplice, de malos manejos.

Los recursos desaparecidos no son abstractos: son herramientas de trabajo que hoy no están en las escuelas; son computadoras que podrían haberse usado para cerrar la brecha digital; son millones de pesos cuyo destino sigue siendo una incógnita.