Ciudad de México.– En un pronunciamiento enfático respecto a la política exterior y la autodeterminación del país, la Presidenta de la República rechazó de manera categórica las recientes solicitudes de detención y extradición emitidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de ciudadanos mexicanos, entre los cuales se encuentran funcionarios y autoridades actualmente en funciones. La mandataria federal calificó estos requerimientos como intentos de injerencia externa en los asuntos internos del Estado mexicano.

Durante su intervención, la titular del Ejecutivo defendió la legitimidad de las instituciones nacionales y argumentó que el andamiaje democrático del país está respaldado exclusivamente por el mandato ciudadano.

“¿Quién pone y quién quita autoridades en México? El pueblo”, enfatizó la Presidenta, al fijar la postura oficial de no subordinar la soberanía del país a los intereses de agencias o tribunales extranjeros.

Denuncian estrategia mediática de desprestigio institucional
La jefa del Ejecutivo Federal vinculó las acciones judiciales de la administración estadounidense con el desarrollo de lo que denominó una “campaña mediática internacional”. Según lo expuesto por las autoridades, existe una narrativa coordinada en medios de comunicación que busca imputar presuntos vínculos del Gobierno de México con el crimen organizado y el narcotráfico, con el único fin de debilitar el proyecto de transformación política y sembrar desconfianza entre la población.

Ante este panorama, el Gobierno Federal reiteró que la seguridad pública y el sistema de justicia en el territorio nacional se conducen de manera autónoma. La mandataria concluyó que la soberanía nacional no puede ponerse en duda ni ser objeto de negociación bajo presiones diplomáticas bilaterales, asegurando que cualquier proceso de fiscalización o remoción de servidores públicos en funciones corresponde estrictamente al marco legal y constitucional de México.