Xalapa, Ver.— La gobernadora Rocío Nahle García anunció la instalación de una mesa permanente de diálogo con directivos del Ingenio San Pedro y representantes de los productores de caña para buscar alternativas que permitan revertir el cierre de la factoría ubicada en Lerdo de Tejada, cuya declaración de quiebra amenaza con desencadenar una de las crisis económicas más severas que ha enfrentado la región de Los Tuxtlas en los últimos años.

“Nos preocupa que el Ingenio San Pedro en Lerdo de Tejada haya anunciado el cierre. Nos reunimos hoy con el representante del ingenio y con el representante de los productores, para que juntos podamos revertir tal decisión. La mesa se queda en forma permanente para continuar con el diálogo y propuestas factibles para apoyar a los cañeros, obreros, trabajadores y productores de la zona“, expresó la mandataria estatal a través de sus redes sociales.

En el encuentro participaron también el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Reyes, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Rodrigo Calderón, quienes se sumarán a las negociaciones para construir una ruta que permita preservar la actividad productiva y reducir el impacto social del anuncio realizado por la empresa, propiedad de Grupo Porres.

La intervención de la mandataria de Veracruz ocurre en un momento crítico. El cierre del Ingenio San Pedro deja en la incertidumbre a cerca de siete mil productores de caña, además de obreros, cortadores, transportistas y pequeños comerciantes de municipios como Lerdo de Tejada, Ángel R. Cabada, Salta Barranca, San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla. A ello se suma la preocupación por el pago de liquidaciones, salarios y adeudos con los abastecedores, cuya falta de certeza ha incrementado la inquietud entre los sectores involucrados.

Más que el cierre de una empresa, la quiebra del ingenio representa la interrupción de una cadena económica que durante décadas sostuvo a buena parte de la cuenca cañera del sur de Veracruz.

Especialistas y organizaciones cañeras atribuyen la crisis a una combinación de factores: problemas financieros de la empresa, incremento en los costos de producción y energía, volatilidad del mercado internacional del azúcar, competencia de importaciones y la presencia del denominado “huachicol azucarero”, que habría distorsionado los precios nacionales y reducido la rentabilidad de los ingenios.

Frente a ese panorama, la administración estatal que encabeza la jefa del ejecutivo Rocío Nahle busca abrir un espacio de negociación antes de que el cierre se traduzca en una afectación lesiva para miles de familias. La instalación de una mesa permanente representa, por ahora, el principal intento institucional para encontrar una salida a un conflicto que trasciende a una empresa y pone a prueba la capacidad del Estado para proteger una de las actividades agrícolas e industriales más importantes de Veracruz.