Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y si alguien tenía dudas, basta leer la más reciente joya jurídica salida del Instituto Nacional Electoral (INE) para convencerse de que, en ocasiones, hay consejeros cuyas neuronas parecen haber hecho un desvío y terminar conectadas directamente con el intestino grueso.

La protagonista de esta historia es la Dirección de Asuntos Jurídicos, encabezada por la tabasqueña Anahí Silva Tosca, cuya interpretación legal raya en el surrealismo: si un candidato tiene presuntos vínculos con el crimen organizado, el partido puede postularlo porque ninguna norma lo obliga a impedirlo. En otras palabras, “si no pregunté, no supe; y si no supe, no pasó nada”. Una versión electoral del clásico “ojos que no ven, candidatura que sí llega”.

El criterio resulta tan extraordinario que, llevado al extremo, pareciera sugerir que los partidos políticos solo tienen la obligación de registrar candidatos… no de saber quiénes son. Como si la selección de quienes aspiran a gobernar pudiera hacerse con la misma rigurosidad con la que alguien escoge un aguacate en el mercado: si salió bueno, qué fortuna; si salió podrido, pues ni modo.

La resolución surgió tras una petición de la organización Defensorxs, que ha documentado casos de aspirantes señalados por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada. Pero en lugar de encender las alarmas, el mensaje institucional parece ser: “no revisen demasiado, no vaya a ser que encuentren algo”.

Veracruz, es el más reciente botón de muestra

Y por si alguien cree que se trata de un riesgo imaginario, basta mirar hacia Veracruz. Hace menos de 48 horas, el Congreso del Estado retiró el fuero a los alcaldes de Movimiento Ciudadano de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, Bertín Bravo Montero y Raúl González Martínez, para que enfrenten las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado por su presunta vinculación con delitos de alto impacto y grupos fuera de la ley.

¿De verdad alguien puede sostener, después de episodios como éstos, que los partidos políticos no tienen la obligación ética —aunque algunos pretendan decir que tampoco la legal— de revisar con lupa a quienes convierten en candidatos?

Lo lamentable es que, si las boletas electorales terminan pareciéndose a un catálogo de expedientes ministeriales, el problema ya no es solo de las fiscalías; también lo es de quienes entregaron las candidaturas a verdaderos pájaros de cuenta.

La postura del INE, lejos de fortalecer la confianza ciudadana, termina abonando al descrédito institucional. Luego vienen las quejas cuando autoridades de Estados Unidos cancelan visas, congelan cuentas o investigan a funcionarios mexicanos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

¿Con qué autoridad moral se protesta si aquí parece sostenerse que los partidos pueden postular candidatos sin tomarse siquiera la molestia de revisar quiénes son? La tesis de la “ignorancia partidista” como excusa jurídica no solo resulta absurda; también envía al mundo el mensaje de que en México algunos prefieren no ver para no tener que actuar, algo así como no salir de noche para no ver visiones. Y cuando la ceguera se convierte en criterio institucional, los únicos que celebran son quienes buscan infiltrar la política.

Nadie pide que el INE sustituya a la Fiscalía ni que condene a personas sin pruebas. La presunción de inocencia es un principio constitucional que debe respetarse. Lo que resulta incomprensible es asumir que los partidos no tienen ni siquiera el deber ético de investigar a quienes pretenden entregarles las llaves de un ayuntamiento, un congreso o un gobierno estatal.

Porque una cosa es respetar derechos y otra muy distinta convertir la omisión en doctrina jurídica. Si el criterio termina siendo que nadie está obligado a saber a quién postula, entonces el siguiente paso será aceptar que la política mexicana funciona bajo el principio de “no preguntes, no investigues y no te compliques la vida”.

Después nos preguntamos por qué la confianza ciudadana se desploma, por qué la democracia pierde credibilidad y por qué los infractores siguen encontrando espacios para infiltrarse en el poder. Tal vez la respuesta no esté en las urnas, sino en ciertas oficinas donde algunas interpretaciones legales parecen redactarse más con ingenuidad burocrática que con auténtico sentido de Estado…Y más aún, que el día de mañana nadie culpe a los “malos” de meterse hasta los entresijos del poder, sino desde ya, el INE le abre las piernas.