La memoria pública suele ser corta, pero en política hay episodios que, aunque algunos quisieran borrar, permanecen en los archivos, en las actas y, sobre todo, en el recuerdo de quienes estuvieron ahí.

Por eso conviene recordar que Eric Domínguez Vázquez no llegó ayer al territorio de la fiscalización. Mucho antes de convertirse en subsecretario de Administración y Finanzas, antes de ser alcalde de Papantla y antes de ocupar una posición relevante dentro del gobierno estatal, ya había dejado huella en uno de los episodios más importantes de la fiscalización de las cuentas públicas de Veracruz.

Fue en 2019, cuando el entonces diputado local y presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado asumió una responsabilidad que no era precisamente decorativa: revisar, cuestionar y, llegado el caso, frenar una Cuenta Pública.

Y la frenó.

El 31 de octubre de 2019, el Pleno del Congreso del Estado rechazó una Cuenta Pública. Fue la primera vez que ocurrió algo semejante en la historia de la fiscalización veracruzana.

Eric Domínguez llevaba menos de un año como diputado, pero no llegaba improvisado. Su experiencia previa como fiscalizador le permitió mirar donde otros no habían querido, no habían podido o simplemente no habían sabido mirar.

Ahí estuvo la diferencia.

Porque fiscalizar no consiste en levantar la mano para aprobar un dictamen elaborado por otros. Fiscalizar significa meterse al expediente, revisar números, detectar inconsistencias y tener el carácter suficiente para decir que algo no está bien, aun cuando hacerlo implique incomodar intereses políticos.

Domínguez lo hizo.

Y consiguió que su bancada y sus aliados respaldaran una decisión políticamente complicada: votar en contra de la Cuenta Pública.

El episodio tuvo una segunda parte todavía más significativa. El entonces Órgano de Fiscalización Superior tuvo que replantear su trabajo y, cuando apareció la nueva propuesta, los argumentos que había sostenido el legislador papanteco encontraron sustento.

Es decir: no sólo cuestionó; tuvo razón.

Siete años después, el nombre de Eric Domínguez vuelve a aparecer en un escenario relacionado con aquella misma materia: la titularidad del Orfis.

Y aquí comienza la verdadera discusión.

Porque una cosa es evaluar sus posibilidades desde la política y otra muy distinta negar que conoce el terreno de la fiscalización, conoce al Congreso, conoce la administración pública y conoce los mecanismos mediante los cuales se revisa el uso del dinero público.

También cumple con los requisitos legales para aspirar al cargo. Quienes pretenden convertir su pasado reciente en un impedimento tendrían que explicar primero cuál es exactamente la disposición que estaría violentando.

Se le señala por haber sido alcalde de Papantla. Pero dejó el cargo el 1 de diciembre de 2024 y para cuando concluya el proceso de designación habrá transcurrido ampliamente el plazo legal que suele invocarse como impedimento.

También se intenta colocar sobre la mesa un supuesto conflicto de interés por la fiscalización de su administración municipal.

Pero aquí aparece una cuestión elemental: la Cuenta Pública que actualmente se encuentra bajo fiscalización corresponde a 2025, cuando Eric Domínguez ya no estaba al frente del Ayuntamiento.

Entonces la pregunta inevitable es: ¿dónde está exactamente el conflicto?

Porque una cosa es cuestionar legítimamente la idoneidad de un aspirante y otra muy distinta fabricar impedimentos jurídicos donde no los hay.

Y quizá ahí esté el verdadero asunto.

Porque alrededor de la eventual llegada de Eric Domínguez al Orfis se percibe algo más que una discusión curricular.

Hay nerviosismo.

Demasiado nerviosismo.

Y cuando un nombramiento provoca campañas, columnas, señalamientos y una ofensiva particularmente costosa para intentar descarrilar una candidatura, resulta inevitable preguntar qué es exactamente lo que está en juego.

¿Por qué preocupa tanto Eric Domínguez?

¿Será por su experiencia?

¿Será porque conoce cómo funcionan las auditorías?

¿Será porque ya demostró, hace siete años, que no necesariamente acepta como bueno un dictamen simplemente porque alguien espera que lo apruebe?

¿O será que algunos prefieren un fiscalizador que llegue con más compromisos que preguntas?

Porque si de algo debería tratarse el Orfis es precisamente de eso: de revisar el dinero público sin mirar el color político de quien lo ejerció.

Y aquí aparece otra discusión incómoda.

En Morena se ha hablado muchas veces de la fórmula del 10 por ciento de capacidad y 90 por ciento de lealtad. Pero si ese fuera realmente el criterio, Eric Domínguez tiene un problema para quienes pretenden encasillarlo en esa fórmula.

Porque puede presumir las dos cosas.

Tiene capacidad técnica y experiencia administrativa, pero también ha demostrado lealtad política al proyecto de la Cuarta Transformación y a la gobernadora Rocío Nahle García.

Por eso quizá su perfil resulte incómodo para algunos.

Porque una cosa es la lealtad política y otra la obediencia ciega. Y si aquella decisión de 2019 dejó alguna enseñanza, es que Eric Domínguez ya demostró que puede estar dentro de un proyecto político y, al mismo tiempo, sostener técnicamente una posición incómoda cuando considera que los números no cuadran.

Eso, para un órgano fiscalizador, no debería ser una amenaza.

Debería ser precisamente la virtud que se busca.

Ahora la pelota está en la cancha del Congreso.

Los diputados tendrán que decidir si quieren al frente del Orfis a alguien cuya principal fortaleza sea la comodidad política o a un perfil que conoce la administración pública, entiende la fiscalización, tiene experiencia legislativa y ya demostró que puede decirle que no a una Cuenta Pública cuando encuentra razones para hacerlo.

Quizá por eso algunos rufianes con asuntos pendientes anden tan preocupados. Porque, a final de cuentas, lo que realmente les quita el sueño no es que Eric Domínguez llegue al ORFIS, sino lo que podría encontrar una vez sentado en esa silla y para esto solo faltan 28 días.