Ciudad de México .- El Gabinete de Seguridad e Identificación Humana de la Presidencia de la República objetó formalmente los parámetros de evaluación metodológica del informe emitido por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), señalando sesgos conceptuales en el diagnóstico presentado sobre la movilidad y no localización de personas en el país.

El análisis operativo presentado por la Presidencia destaca que los protocolos actuales de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) han permitido categorizar adecuadamente las causas de ausencia. Esta sistematización técnica, combinada con cruces de bases de datos gubernamentales, ha derivado en la localización efectiva de más de 30 mil individuos reportados previamente como no localizados.

La administración federal rechazó el paralelismo metodológico que homologa los patrones actuales con el despliegue delictivo de Estado registrado en la era de la violencia política de las décadas de 1970 y 1980. La postura gubernamental sostiene que la estrategia prioriza el desarrollo de periciales forenses, el incremento de partidas presupuestales y el despliegue operativo en campo.

Con este posicionamiento, el Gobierno de México mantendrá la operatividad de los mecanismos nacionales de localización sin intermediaciones internacionales que desestimen los avances del sistema de registro. La prioridad continuará enfocada en el fortalecimiento forense de las entidades federativas y en la modernización de los sistemas de consulta biométrica.