Ciudad de México .- El aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato ha puesto bajo la lupa los mecanismos de fiscalización y otorgamiento de permisos a comercializadoras de hidrocarburos en el país. Tras el operativo federal desplegado en San José Iturbide, la Fiscalía General de la República (FGR) centra sus pesquisas en verificar si la empresa involucrada operaba al amparo de licencias apócrifas, vencidas o al margen de los volúmenes autorizados por los reguladores energéticos.

Frente a las dudas sobre la legalidad de las operaciones corporativas en dicha planta, la Presidenta aclaró que el expediente permanece abierto y que la FGR es el único órgano facultado para determinar la existencia de conductas delictivas. La indagatoria busca rastrear la trazabilidad del producto y verificar si la importación, transporte y almacenamiento del recurso contaban con el debido soporte fiscal y regulatorio.

La mandataria señaló que consultó directamente el estado procesal del decomiso, recibiendo como informe que los peritos y fiscales asignados continúan revisando minuciosamente los expedientes administrativos de la firma. La resolución de este caso resulta clave para sentar un precedente sobre el combate a las redes de almacenamiento clandestino o de procedencia dudosa que operan en corredores industriales estratégicos.

El caso de San José Iturbide subraya la complejidad de combatir el huachicol de cuello blanco, un esquema donde grandes volúmenes de hidrocarburo se comercializan mediante brechas regulatorias. Analistas del sector coinciden en que la ratificación o cancelación de estos permisos dictará la pauta sobre los controles que aplicará el Gobierno Federal para blindar el mercado formal de combustibles en el país.