Raúl Domínguez-Pinto/Firmasmx

Ayer, al consumarse la reforma constitucional impulsada por la gobernadora Rocío Nahle para eliminar el fuero de las y los presidentes municipales y síndicos de Veracruz, saltaron los resortes y comenzaron los brincos. No faltó el alcalde vivales que pusiera a trabajar horas extras a sus plumíferos escribanos de pueblo.

¡Qué casualidad! De pronto, algunos portales afines al municipio de Alvarado salieron con el grito en el cielo, hablando de supuesto “autoritarismo”, “hegemonía” y hasta de persecución política. Presentan a la mandataria estatal como si hubiera desenvainado la espada contra los municipios, cuando el fondo de la reforma es mucho más sencillo: el cargo de alcalde o síndico dejará de funcionar como una barrera constitucional frente a la acción penal.

La reforma al artículo 78 de la Constitución Política del Estado debe leerse con lupa y sin estridencias. El debate serio no consiste en defender privilegios, sino en garantizar que cualquier funcionario que incurra en una conducta delictiva pueda responder ante la justicia conforme a la ley, sin importar el cargo que ocupe.

Seamos claros: el fuero no debería convertirse en patente de corso.

Quienes cuestionan la reforma argumentan que podría debilitar los contrapesos o abrir la puerta a persecuciones políticas. Aun si ese riesgo se planteara, la respuesta debe estar en fortalecer el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia de las instituciones encargadas de investigar y juzgar, no en preservar privilegios.

Seamos objetivos, eliminar el fuero no equivale a declarar culpable a nadie. Significa que el cargo público no debe convertirse, por sí mismo, en un obstáculo para que la justicia actúe.

Si un presidente municipal o un síndico es señalado por la comisión de un delito, deberá responder ante las autoridades competentes con las mismas garantías procesales que cualquier ciudadano. Eso también es Estado de derecho.

La discusión, entonces, debería ser mucho más seria que los berrinches políticos y los comunicados de ocasión: ¿Queremos funcionarios protegidos por privilegios o servidores públicos sujetos a las mismas reglas que todos?

El chaleco antibalas constitucional ya no existe. Que quede claro.

Y aquí viene lo que seguramente tiene a más de uno haciendo cuentas:

En Veracruz, con la reforma impulsada por la gobernadora Rocío Nahle, más de un cacique de horca y cuchillo tendrá que poner las barbas a remojar. Se acabó la idea de que un alcalde puede convertir el ayuntamiento en feudo, disponer del erario a su antojo y escudarse en el fuero. Si se acreditan conductas ilícitas, tendrán que responder ante la justicia. Porque el cargo público no es patente de corso y el presupuesto municipal tampoco es botín.

El mensaje de fondo es sencillo: el ayuntamiento no es patrimonio del alcalde, el presupuesto no es dinero particular y el cargo público no debe convertirse en escudo frente a la justicia. Se acabó el fuero. Ahora que hable la ley.

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