Ciudad de México .- La crisis generada por el fallecimiento de recién nacidos en clínicas del IMSS en Jalisco y Durango ha escalado hasta el más alto nivel del Gobierno federal, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigiera un deslinde de responsabilidades rápido, transparente y sin concesiones.

El caso, que ha causado profunda consternación entre la opinión pública y el sector salud, pone bajo el escrutinio los protocolos de atención neonatal y la calidad operativa en las unidades hospitalarias de ambas entidades federativas.

Frente a este escenario, la jefa del Estado mexicano sostuvo que la prioridad absoluta de su administración es esclarecer con precisión científica y médica los factores que desencadenaron los fatales desenlaces en los lactantes.

A la par del avance de los peritajes técnicos y legales, el Gobierno de la República ha instruido desplegar una red de contención institucional para atender las exigencias de justicia, información puntual y respaldo emocional que demandan las familias golpeadas por la pérdida.

Con su pronunciamiento, la presidenta busca enviar una señal clara tanto a los usuarios como al personal directivo del sistema de salud pública, asegurando que cualquier falla en los procesos institucionales será juzgada con severidad conforme a la ley.