La permanencia de Zoé Robledo Aburto al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es, a todas luces, insostenible. Nuevamente, la institución acapara los titulares más dolorosos de la nación tras la muerte de tres bebés en un hospital de Jalisco el pasado 30 de septiembre, un episodio que se suma a la tragedia ocurrida hace menos de dos semanas —el 21 de septiembre de 2026—, cuando cinco recién nacidos perdieron la vida en un nosocomio de Durango en circunstancias que continúan bajo investigación.

La pérdida de autoridad y el costo en vidas humanas

Por absoluta dignidad, Robledo Aburto debería haber presentado su renuncia a la presidenta Claudia Sheinbaum. Es evidente que ha perdido la autoridad y el liderazgo indispensables tras casi ocho años de gestión al frente de una institución que, ahogada por la escasez de recursos, atraviesa por una de las crisis más graves desde su fundación.

Lo que está en juego en esta zona de influencia no son indicadores administrativos, sino la vida misma de miles de pacientes vulnerables. Hablar de ocho hogares que hoy lloran desconsolados la pérdida irreparable de sus hijos debería ser motivo suficiente para que el funcionario dimita y asuma una postura ética ante el tamaño del colapso.

Entre la indolencia y la sombra legal

Una “salida decorosa” —si es que el término cabe ante la magnitud de la tragedia— sería que el funcionario optara por regresar a su natal Tuxtla Gutiérrez, o bien buscara algún refugio donde resguardarse. Sin embargo, en el horizonte político y social se visan escenarios más complejos: con una gestión tan cuestionada, las familias de los pequeños que no sobrevivieron a las condiciones deficientes de las unidades médicas exigen justicia.

La principal línea de investigación apunta a la presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). De confirmarse, la negligencia institucional podría traducirse en responsabilidades de orden legal.

Un modelo que hace agua

El papel de la actual administración ha sido severamente criticado por especialistas y por los propios trabajadores de la salud. Las deficiencias estructurales se reflejan en:

• Infecciones nosocomiales: Brotes letales en áreas críticas como las UCIN de Jalisco y Durango.
• Carencias operativas: Falta sistemática de insumos, medicamentos y equipo médico adecuado.
• Saturación del personal: Plantillas de médicos y enfermeras rebasadas, lo que ha detonado protestas y marchas de trabajadores en todo el país, desde Oaxaca hasta Mexicali.
• Promesas incumplidas: La transición hacia un supuesto sistema de salud universal convive cotidianamente con la precariedad heredada y profundizada en el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar.

La enfermedad del sistema de salud no es la falta de voluntad de su base trabajadora, sino la negligencia en la política pública. Las muertes y el desabasto son tan solo los síntomas visibles de un modelo que se desmorona.

Ante este panorama, la salida de la dirección general ya no es una opción sujeta a debate político, sino una urgencia humanitaria para evitar que la crisis continúen cobrándose el futuro de México en las cunas de sus hospitales.