Ciudad de México .- En medio de las tensiones internas y el debate recurrente sobre la gobernabilidad del Instituto Nacional Electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo matizó el alcance de los denominados “superpoderes” otorgados a la presidencia del organismo autónomo. La mandataria atajó las críticas de sectores opositores que señalan un debilitamiento del colegiado, asegurando que la reforma legal aprobada en 2024 no causó un daño estructural a la autoridad encargada de organizar las elecciones en el país.

La atribución de nombrar a los altos mandos directivos sin la aprobación de las dos terceras partes del Consejo General del INE ha sido un tema de álgida discusión en la mesa electoral, donde diversos consejeros argumentan que se rompió la tradición de contrapesos internos. Cuestionada sobre este escenario, la jefa del Estado mexicano sostuvo que el diseño legal vigente respondió a la necesidad de destrabar parálisis administrativas que impedían la integración formal de las áreas clave del Instituto.

No obstante, la presidenta Sheinbaum demostró apertura política hacia los señalamientos del Poder Legislativo y admitió la posibilidad de ajustar la normativa si los legisladores determinan que existe un esquema más eficiente. “No le hizo daño tanto la reforma, aunque puede cambiarse, pero debe evaluarse, porque la Constitución establece que no pueden cambiarse las leyes electorales en el proceso electoral, pero si se considera por la Cámara de Diputados que es factible, nosotros estamos de acuerdo”, puntualizó.

El dilema de fondo radica en equilibrar la eficiencia operativa del árbitro electoral con el principio de colegiación que ha regido al organismo desde su creación. Mientras defensores de la reforma señalan que la facultad uninominal evita vetos prolongados en la Junta General Ejecutiva, los detractores afirman que resta legitimidad a las direcciones encargadas del padrón, la capacitación y la fiscalización de los recursos públicos destinados a los partidos políticos.

La postura fijada por la mandataria abre una rendija para que la Cámara de Diputados abra dictámenes de evaluación técnica en periodos ordinarios, siempre y cuando no se crucen los tiempos normativos fijados por la Constitución. La evolución de este debate definirá si el INE mantiene el esquema de toma de decisiones centralizado en la presidencia o si regresa al modelo de consenso amplio entre los integrantes del Consejo General para el próximo ciclo electoral.