La detención del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, representa un mensaje político y judicial que trasciende el nombre del personaje involucrado. En un país donde durante décadas altos funcionarios fueron vistos como inalcanzables para la justicia, ver a un exintegrante del primer círculo del poder comparecer ante las autoridades rompe con la percepción de que existen ciudadanos de primera y de segunda categoría.

Lo más significativo de este caso es que la investigación no deriva de decisiones tomadas al frente de la empresa petrolera del Estado, sino de una denuncia por presunta violencia familiar presentada por quien fuera su pareja sentimental. Ello confirma que ninguna conducta que atente contra la integridad física o emocional de una mujer debe minimizarse, sin importar el cargo, la trayectoria o la influencia política del señalado.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sostenido reiteradamente que en México no debe haber impunidad ni privilegios para nadie. La actuación de las autoridades, al ejecutar una orden derivada de una denuncia y poner al exfuncionario a disposición del Ministerio Público, fortalece ese discurso y envía una señal de que el Estado tiene la obligación de actuar cuando existen elementos para hacerlo.

Sin embargo, la fortaleza de un Estado de derecho también se mide por su capacidad de respetar el debido proceso. La detención no equivale a una sentencia. Corresponderá a la Fiscalía integrar la investigación y al Poder Judicial determinar, con base en las pruebas, si existe responsabilidad penal. La presunción de inocencia no es un privilegio, sino un derecho constitucional que debe garantizarse incluso en los casos de mayor impacto mediático.

Lo que sí resulta inaceptable es cualquier expresión de violencia contra las mujeres. Si las acusaciones se acreditan en juicio, la sanción deberá ser ejemplar, precisamente porque nadie puede escudarse en un cargo público, en una posición económica o en un apellido para evadir las consecuencias de sus actos.

México ha cambiado. La sociedad exige instituciones que actúen con firmeza y sin distingos. La justicia pierde credibilidad cuando protege a los poderosos, pero también cuando condena sin pruebas. El verdadero avance consiste en investigar con seriedad, juzgar con imparcialidad y sancionar a quien resulte responsable.

Porque una democracia madura no se construye con intocables, sino con ciudadanos iguales ante la ley.