Por primera vez en más de cinco siglos de historia, Veracruz es gobernado por una mujer, y uno de los mensajes políticos más contundentes de esta administración ha sido que ni la impunidad ni la inmunidad constitucional tienen cabida cuando existen investigaciones que deben seguir su curso conforme a la ley.

La aprobación del desafuero de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, marca un precedente relevante. La decisión del Congreso local no representa una sentencia de culpabilidad, sino la eliminación del fuero constitucional para que la Fiscalía General del Estado continúe las investigaciones y, en su caso, determine responsabilidades.

Ambos ediles surgieron de Movimiento Ciudadano, partido que hoy enfrenta cuestionamientos por los perfiles que postuló. La búsqueda de votos, sostienen sus críticos, terminó privilegiando candidaturas cuya trayectoria hoy se encuentra bajo el escrutinio de la justicia.

Más allá de que los dos alcaldes desaforados resulten culpables o inocentes, su situación envía un mensaje claro: el fuero ya no puede entenderse como un escudo de protección política.

La administración encabezada por Rocío Nahle García ha sostenido que la ley debe aplicarse sin distingos y respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia. En ese contexto, los desafueros representan una señal de que la rendición de cuentas prevalece sobre los privilegios del cargo, fortaleciendo el principio de que ningún servidor público debe estar por encima de la justicia.