CIUDAD DE MÉXICO.— El aseguramiento de un solo buque con ocho millones de litros de hidrocarburo representó para la presunta red de contrabando encabezada por el contraalmirante Fernando Farías Laguna una afectación económica superior a 340 millones de pesos, informó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.

La cifra corresponde exclusivamente al impacto económico derivado de ese decomiso y dimensiona el alcance que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), habría tenido la operación de la estructura investigada por huachicol fiscal.

La indagatoria se remonta a 2024, cuando el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, transmitió al entonces titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, información sobre posibles operaciones de una red dedicada al contrabando de hidrocarburos.

Uno de los principales resultados de esas investigaciones fue el aseguramiento del buque Challenge Procyon, realizado en la Aduana de Altamira, Tamaulipas. De acuerdo con Godoy, el cargamento permitió a las autoridades identificar un esquema mediante el cual hidrocarburos ingresaban al país declarados como aceites o aditivos, presuntamente para evadir impuestos y con posible participación de funcionarios.

La FGR sostiene que el entramado operaba en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México. Como parte de las investigaciones también fueron aseguradas 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles, mientras que 15 personas han sido detenidas y presentadas ante autoridades judiciales, entre ellas 12 exservidores públicos.

La investigación condujo además al aseguramiento de otros ocho millones de litros de hidrocarburo en Ensenada, Baja California, lo que permitió ampliar la reconstrucción del presunto esquema de importación y distribución de combustible.

Farías, trasladado desde Argentina

El mensaje de la fiscal ocurrió tras el traslado a México de Fernando Farías Laguna, detenido el 23 de abril en Buenos Aires, Argentina, luego de que la FGR activara una ficha roja de Interpol.

La Cancillería mexicana formalizó el 21 de mayo la solicitud de extradición ante el gobierno argentino. Sin embargo, las autoridades de ese país determinaron finalmente su expulsión, tras valorar las pruebas presentadas por México.

Representantes de la FGR viajaron a Argentina para trasladarlo a territorio nacional. La Fiscalía informó que será internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, y quedará a disposición del juez de control que ordenó su captura.

Godoy sostuvo que las investigaciones continúan y que existen elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales, socios y presuntos enlaces relacionados con la distribución de hidrocarburos en seis entidades.

La funcionaria agradeció la colaboración de las autoridades de Estados Unidos y Argentina, así como la coordinación con Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y Relaciones Exteriores.

“Donde haya impunidad, habrá investigación y donde haya crimen habrá consecuencias”, afirmó. #Firmasmx