Veracruz.— Con mil 467 tarjetas de los Programas para el Bienestar entregadas en Coatzacoalcos, Minatitlán y San Andrés Tuxtla, el delegado federal de Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, convirtió una jornada de entrega de apoyos en un nuevo posicionamiento político en defensa de la política social del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

Los números son concretos: en las tres regiones fueron distribuidas 624 tarjetas de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y 843 de la Pensión Mujeres Bienestar, de acuerdo con las cifras difundidas por el propio funcionario.

En Coatzacoalcos se entregaron 229 tarjetas para adultos mayores y 338 para mujeres, para un total de 567.

En Minatitlán, la cifra fue de 157 tarjetas para adultos mayores y 277 para mujeres, sumando 434.

En San Andrés Tuxtla, fueron 238 tarjetas para adultos mayores y 228 para mujeres, alcanzando 466 beneficiarios.

La suma: 1,467 tarjetas, que Gómez Cazarín presentó como una expresión concreta de “derechos, bienestar y justicia” para igual número de familias.

Pero detrás de las cifras apareció el mensaje político.

El delegado federal sostuvo que los Programas para el Bienestar no constituyen dádivas gubernamentales, sino recursos públicos que regresan a la población a través de mecanismos de apoyo social. “El Gobierno no regala nada, le devuelve al pueblo lo que le pertenece”, afirmó.

La declaración se inserta directamente en la disputa política por el significado de los programas sociales. Mientras sus detractores los presentan como instrumentos de dependencia electoral, el gobierno federal y sus representantes territoriales los defienden como derechos sociales financiados con recursos públicos.

Gómez Cazarín elevó todavía más el tono al arremeter contra sectores de la denominada ultraderecha y contra quienes, desde esa posición, cuestionan la legitimidad de los beneficiarios.

En particular, señaló al empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien atribuyó planteamientos sobre la posibilidad de restringir el derecho al voto de quienes reciben programas sociales. El delegado calificó esa postura como un intento de vetar un derecho constitucional a la condición de beneficiario.

El argumento de Cazarín es político, pero también busca colocar una línea de contraste: quienes reciben una pensión o apoyo social no pierden derechos ciudadanos por recibir recursos públicos.

En paralelo, el funcionario presumió la estrategia territorial de la dependencia federal y reivindicó la instrucción de trabajar directamente en las comunidades, en coordinación con la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, y bajo el respaldo político de la presidenta Claudia Sheinbaum.

También destacó el trabajo de la gobernadora Rocío Nahle García, a quien presentó como ejemplo de una administración enfocada en recorrer el territorio veracruzano.

“Territorio y orden, Cazarín”, citó el delegado como una de las instrucciones de la mandataria estatal.

Y en esa frase está, quizá, el verdadero mensaje político de la jornada: la batalla por la narrativa de los programas sociales también se libra en territorio.

Mientras la oposición cuestiona su alcance, utilización política o sostenibilidad, Morena y el gobierno de la llamada Cuarta Transformación apuestan por mostrar resultados tangibles: tarjetas entregadas, beneficiarios incorporados y recursos que llegan directamente a la población.

Por ahora, el dato duro queda sobre la mesa: 1,467 nuevas tarjetas en tres municipios del sur de Veracruz, con 843 apoyos para mujeres y 624 para adultos mayores.

Para Gómez Cazarín, la consigna es clara: menos escritorio, más territorio; menos discurso, más entrega de resultados.

Y, de paso, dejar claro que la defensa de los Programas para el Bienestar no será solamente administrativa: también será política.