Las organizaciones indígenas exigieron ser incluidas en la propuesta de reforma energética para que puedan participar en la toma de decisiones de los proyectos que se desarrollan en sus comunidades y no todas las ganancias se concentren en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En rueda de prensa, los representantes de varias organizaciones indígenas y comunales, dieron a conocer una serie de propuestas que quieren que se incluyan en la presentada por el gobierno federal, el 30 de octubre.

Mario Castillo Quintero, representante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT, Oaxaca), señaló que buscan que los pueblos y organizaciones indígenas sean respetado y consultados cuando se desarrollan proyectos energéticos, utilizando sus recursos naturales.

Detalló que por varias décadas este sector, operado por el gobierno mexicano, les ha prometido su participación en este sector con mejor infraestructura, pero sistemáticamente los ha violentado. “Exigimos ser partícipes en el sector energético que desde hace décadas nos ha violentado con los despojos de nuestros bienes naturales y territorios. Las consecuencias de este despojo se han acumulado en impactos ecológicos, sociales y económicos que sufrimos como pueblos y comunidades”.

Refirió que en varias regiones del país se han utilizado intensivamente los bienes naturales (agua, viento y tierra) para generar, almacenar y transmitir energía eléctrica por empresas privadas y la CFE, sin ningún beneficio real para las comunidades.

En contraste, hay pueblos y comunidades sin acceso a la energía eléctrica o un buen servicio de electricidad, o simplemente no pueden pagarla porque las tarifas son excesivas. “Por eso nuestra demanda histórica es el reconocimiento constitucional de la energía eléctrica como un derecho humano, reconocido por instrumentos internacionales y por sentencias de tribunales mexicanos, por lo que debe ser general y amparar a comunidades equiparables, urbanas empobrecidas y otros sectores sociales marginados”.

Los activistas señalaron que además de incluirlos en las ganancias, se deben establecer medidas para mitigar el cambio climático, ya que hay varias comunidades que han sufrido afectaciones por sequias intensas o lluvias torrenciales.

Beatriz Garrido Vallejos, de la comunidad maya de Ixil (Yucatán), dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como una moda el cambio climático, sin embargo hay muchas pérdidas en las áreas rurales. “Las temporadas de seca son más largas, las lluvias, cuando llegan, son torrenciales y nos causan más daños. Quienes sufrimos esto somos los pobres, no los ricos, ellos están tranquilos en sus casas con clima, no dependen de la tierra como nosotros, y pueden elegir dónde vivir. Estamos de acuerdo con él (presidente) en que la solución no son los megaproyectos privados que impulsaron los gobiernos anteriores”. Esta comunidad logró parar dos proyectos eólicos en sus comunidades, donde se les había despojado de 5300 hectáreas por parte de una empresa británica.

En su oportunidad, Ofelio Julián Hernández, de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske y el Consejo Maseual Altepet Tajpianij, rechazó que la reforma energética le de mas poder a la CFE, ya que esta empresa los ha violentado y criminalizado.

Dijo que los pueblos indígenas del centro del país han tenido que enfrentar la represión de la CFE por defender sus territorios y mantenerse en resistencia, muchos de los activistas han sido golpeados o encarcelados.

“Los proyectos de energía alternativas, las cuales están dispersas e integradas en territorios vivos, defendidos por nuestros pueblos y comunidades. Sabemos que, para ejecutar la Transición Energética, CFE tendría que tomar control sobre grandes extensiones de territorio, lo que multiplicaría e intensificaría los conflictos sociales”, acotó Leticia Esteban, de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske y el Consejo Maseual Altepet Tajpianij.

Los representantes de las comunidades proponen buscar un modelo alternativo de gestión energética propio, construido desde el modo de vida comunitario y campesino de los pueblos para el buen vivir.

Aseguraron que la reforma constitucional no entiende a los pueblos y tampoco el problema de fondo, ya que impone un modelo energético dominante que es “hegemónico, excluyente, patriarcal, insostenible, dependiente de combustibles fósiles y que está basado principalmente en una rentabilidad económica bajo principios de eficiencia/eficacia”.

En lo que sí coinciden con la reforma federal energética, es en la eliminación de los privilegios a las empresas privadas y que se regule el sector bajo el contexto de crisis climática, pero integrando a la CFE con los actores centrales para la toma de decisiones y con proyectos comunales.

Juan Rodríguez Cabrera, comunero de Ciudad Ixtepec dijo que desde el 2008 ellos han intentado tener su propio proyecto eólico que generen ingresos para fines sociales colectivos, pero no les han dado los permisos. Con estos recursos buscaban financiar becas para los jóvenes, pensiones para los campesinos, inversión en sistemas de riego y proyectos productivos sustentables.

“Conseguimos apoyos técnicos y acceso a financiamiento en términos muy favorables para el proyecto, pero nos tropezamos con la negativa de CFE y de la Secretaría de Energía, que en los dos últimos sexenios han estado totalmente controladas por intereses empresariales. Nos cerraron el paso con requisitos diseñados para que solamente las grandes empresas y CFE puedan aprovechar las fuentes de energía de nuestros territorios”. Con información de La Jornada Veracruz.