Ciudad de México.- En el marco de la reestructuración administrativa del órgano electoral, la consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, confirmó que el organismo se ajustará al recorte de 5 mil millones de pesos determinado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal. Durante una entrevista concedida a los medios de comunicación, la funcionaria garantizó que la institución reorganizará sus previsiones financieras con el objetivo prioritario de no vulnerar las etapas operativas sustanciales de la elección programada para el año 2027.

La titular provisional explicó que el Consejo General se encuentra a la espera de la notificación formal por parte de los legisladores para conocer con precisión los rubros presupuestales afectados. Cruz enfatizó que la instrucción interna consiste en blindar los proyectos de mayor relevancia técnica y logística, mientras que aquellas iniciativas calificadas como secundarias o complementarias tendrán que someterse a revisiones profundas, pausándose o modificándose de manera temporal para amortiguar el impacto del ajuste legislativo.

“En este momento tendríamos que revisar, insisto, cómo vamos a poder ajustar y aquí lo que hay que dejar muy claro es que ninguna actividad sustancial del proceso se puede ver afectada, entonces a esa le vamos a dar prioridad y tendríamos que revisar qué otros proyectos que sean, digamos, de un nivel secundario que pueden esperar, se podrían estar pausando o modificando”, puntualizó la consejera presidenta al delinear la ruta que seguirá el pleno del instituto durante las próximas semanas.

Por otra parte, la funcionaria reveló una severa anomalía en el proceso de transición interna, informando que hasta el momento Guadalupe Taddei no ha realizado la entrega formal de la oficina de la Presidencia del Consejo General ni del inventario de bienes bajo su resguardo. Blanca Cruz subrayó que por disposición de ley la funcionaria saliente o un representante acreditado deben dar cumplimiento a este trámite administrativo para permitir el uso legal de los inmuebles y equipos de cómputo institucional.

Ante la omisión señalada, la presidenta provisional indicó que la falta de formalización ha impedido la toma de posesión de las instalaciones, por lo que se dará vista al Órgano Interno de Control (OIC) para que determine las probables responsabilidades o sanciones administrativas. Asimismo, confirmó que los equipos jurídicos del INE trabajan en los borradores finales de una denuncia formal en contra de la expresidenta del organismo, instrumento que será presentado ante las instancias correspondientes en los próximos días.